Tadeo García Zalazar explicó en la Legislatura que el proyecto del Gobierno incluye instancias previas antes de que un caso de bullying llegue a un juez contravencional
Tadeo García Zalazar se presentó ante comisiones para detallar el proyecto de multas para padres ante casos de bullying.
Foto: Senado de MendozaTras la presentación de un proyecto de ley que prevé multas de hasta $2 millones a padres de alumnos que incurran en casos de bullying, Tadeo García Zalazar concurrió a la Legislatura para explicar la propuesta.
El ministro de Educación y titular de la DGE (Dirección General de Escuelas) fue recibido por dos camisiones en la Casa de las Leyes.
El funcionario dio detalles del titulado Protocolo de Actuación para las escuelas y aclaró que antes de que un caso llegue a un juez de contravenciones se agotarán otras instancias.
“La instancia de la denuncia y de la mediación escolar es previa y es obligatoria, es decir, no va a llegar un caso a un juez de contravenciones si no está previamente sustanciado y un informe del establecimiento escolar, de qué sucedió, si hubo intervención, si no hubo intervención, cuál fue la acción o el accionar sugerido por los profesionales y qué tenían que cumplir los padres como parte de esas de ese compromiso”, detalló Tadeo ante los legisladores.
El ministro indicó que el proyecto "establece con claridad cómo deben intervenir directivos, docentes y equipos técnicos ante casos de acoso (bullying). El objetivo es doble: proteger a las víctimas de manera inmediata y, al mismo tiempo, prevenir que las situaciones se repitan".
El proyecto propone modificar el Código de Contravenciones para que los padres, madres y tutores sean también responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos.
“Primero quiero explicar un poco cuáles son las acciones que se están llevando adelante desde la DGE y el ministerio y luego ir concretamente al proyecto. Hay tres medidas que nosotros hemos tomado en los últimos meses”, dijo García Zalazar.
Luego añadió: " Al igual que otras tantas leyes provinciales y nacionales, como la Ley Micaela por ejemplo, que hacen que sea obligatoria una capacitación para los empleados públicos, la idea es que, en este caso, quienes trabajan y actúan directamente con infancias, juventudes, adolescencias, puedan tener una formación obligatoria con la última actualización tanto normativa como de los protocolos de abordaje de estos problemas”.
Tadeo García Zalazar reiteró además lo de las instancias previas antes de que un caso de bullying sea tratado por un juez contravencional.
El proyecto de ley se puede ver aquí.
Fuente: Senado de Mendoza.