El fin del 2019 no será avisora calmo en materia política. En el Gobierno aguardan a que se calmen los ánimos de miles de manifestantes que este lunes reclamaron en contra de la reforma de la Ley 7.722, y recién ahí avanzará a promulgarla, algo que ocurriría la próxima semana. Pero ese no será el fin de la historia de esta ley: en San Carlos ya adelantaron que la comuna llevará la discusión al terreno de la Justicia y acudirá a la Suprema Corte para pedir la inconstitucionalidad de la reforma.
Una vez sancionada la reforma, que fue consensuada con el PJ como principal partido opositor y que incorporó aportes de ese partido, todo hacía pensar que el camino de esa ley estaba allanado hacia una promulgación directa y que el trámite de que se publicara en el Boletín Oficial se haría sin mayores inconvenientes
Sin embargo, la manifestación que arrancó con una marcha en San Carlos y terminó en Casa de Gobierno, retrasó esos planes originales.
Para calmar los ánimos el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance convocó este lunes a un grupo de referentes de los manifestantes, con quienes abrió el diálogo y los convocó a integrar un observatorio para controlar la aplicación de la ley y los controles ambientales.
Por eso la promulgación se recién realizaría la próxima semana. Incluso podría darse que se venzan los plazos de 10 días corridos, como para que la norma se autoproclame como tal y finalmente se publique.
Dar la pelea en la Corte
El ex intendente de San Carlos, actual diputado provincial, Jorge Difonso fue quien confirmó que una vez que se promulgue la ley, la comuna sancarlina llevará la discusión sobre la reforma de la 7.722 a la Corte provincial.
El argumento que aplicará será pedir la inconstitucionalidad apelando al principio de no regresión ambiental y de progresividad que plantea la misma legislación nacional. Esto parte del artículo 41 de la Constitucional Nacional que propone el derecho "a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".
"En materia ambiental no se pueden eliminar controles. Se pueden modificar las legislaciones pero para incorporar medidas de control, no para quitarlas ya que la esencia del derecho ambiental es preventiva. La 7.722 establecía la prohibición del cianuro y el ácido sulfúrico y la ley modificada ahora lo permite, estamos ante un rasgo bien nítido de inconstitucionalidad", comentó Difonso.
