La Justicia llamó a declaración indagatoria a 26 ex directivos de la cerealera Vicentin y del Banco Nación (BNA) y les prohibió salir del país en el marco de una causa por un presunto fraude un perjuicio al Estado de al menos U$S 260 millones.
Vicentin. Los directivos de la cerealera y del Banco Nación son investigados por supuesto fraude un perjuicio al Estado.
Además de la prohibición de salir del país a todos los implicados, se incluyó la inhibición general de bienes. Tras cinco años de investigación la medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita.
Entre los citados por el juez federal Julián Ercolini se encuentran figuras de alto perfil del gobierno anterior, como el expresidente del BNA, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach, así como directivos de Vicentin como Daniel Buyatti y Alberto Macua.
Los implicados deberán presentarse ante el juzgado entre octubre y diciembre de este año.
La causa Vicentin
La investigación se centra en una serie de créditos otorgados, entre agosto y diciembre de 2019, a la cerealera Vicentin, los que según la fiscalía, las autoridades del Banco Nación actuaron en connivencia con los empresarios para defraudar al Estado.
A pesar de que la cerealera Vicentin había superado el límite de riesgo crediticio permitido y había dejado de pagar sus deudas, los funcionarios del Banco Nación no solo omitieron cobrarla, sino que desarticularon las garantías existentes y le otorgaron nuevos préstamos.
El fiscal Pollicita sostiene que se montó una “puesta en escena” para justificar la refinanciación en la que el Banco Nación simulaba intentar cobrar la deuda, le entregaba a Vicentin fondos que estaban congelados como garantía y le concedía nuevos créditos por más de U$S 105 millones sin reaseguro.
La maniobra, según la acusación, permitió a Vicentin vaciar sus cuentas en el Banco Nación para evitar el cobro de la deuda.
Unos U$S 16 millones habría terminado en paraísos fiscales mediante operaciones simuladas y el uso de facturación apócrifa para justificar gastos inexistentes.
El juez Ercolini justificó las medidas cautelares por la “gran complejidad” del caso y el riesgo de que los imputados, con sus conocimientos técnicos y entramados societarios, pudieran desprenderse de sus bienes para eludir un eventual decomiso.