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La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, fue a la Corte de la provincia para que deje sin efecto las resoluciones del Concejo Deliberante que suspende las fotomultas.
Foto: Axel Lloret/ Diario UNO
Sin embargo, más tarde Destéfanis vetó por decreto la ordenanza, con el argumento de que el Concejo Deliberante se estaba "inmiscuyendo en las competencias y facultades conferidas por el ordenamiento jurídico al Poder Ejecutivo Municipal" al intervenir en un contrato en curso. Y resaltó que las facultades de control de ese cuerpo no podrían ser "invasivas, exorbitantes, ni desestabilizadoras".
También sumó que el contrato para aplicar esas fotomultas no había sido unilateral, sino que se había hecho a través de la licitación que exige la ley.
Pero el Concejo insistió, sacó una segunda ordenanza, lo que forzó a que la intendenta -sin convalidar la postura de los concejales- decidiera suspender ese servicio licitado, pero con la reserva de iniciar la demanda que presentó ante la Corte Suprema, que es lo que presentó este lunes.
Con la lupa en el contrato de las fotomultas
En la presentación que hizo ante el máximo tribunal la intendenta remarca que el error del Concejo Deliberante "consiste en entender que se ha conferido a una empresa privada la recaudación de rentas municipales"
"No sucede tal cosa. Solamente se le encomienda la provisión de los mecanismos y equipos tecnológicos para poder determinar las infracciones, pero estas son establecidas en actas de infracción firmadas por funcionarios municipales competentes, juzgadas por el Juez Vial Municipal, y cobradas en cuentas municipales", sostiene Destéfanis en su escrito ante la Corte.
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La intendenta santarrosina, Flor Destéfanis, aseguró que el contrato a la empresa que aplicaba las fotomultas no le daba la recaudación de las actas viales, sino que sólo contrataba los equipos y el personal idóneo para aplicarlas.
Según afirma el contrato de las fotomultas, le daba "a un tercero el suministro de los equipos y la puesta en funcionamiento técnico, calibración, etc., de un sistema que no está, en esos aspectos, bajo las posibilidades del municipio".
Es decir, que se trató de la contratación de un servicio técnico, dado que el Municipio no tenía ni los equipos ni la capacidad técnica para realizarlo por sí mismo.
A la par, Destéfanis advierte que ese conflicto de intereses con el Concejo Deliberante por el acuerdo de las fotomultas podría generar un perjuicio económico al municipio, "al afectar un contrato ya adjudicado legalmente, exponiéndolo a litigios y posibles indemnizaciones".
Destéfanis asegura que la suspensión de las fotomultas es inconstitucional
Entre los varios argumentos a los que apeló la intendenta santarrosina en su demanda ante la Corte, aparece que a su entender la invasión del Concejo Deliberante en las competencias que son suyas como intendenta "implican una violación a la Constitución Nacional, que establece el sistema republicano"
Asegura que se vio obligada a apelar a la Justicia porque no pudo encauzar el conflicto en un marco legal y porque cree que está a las puertas de un perjuicio económico para la comuna.
Por eso le pide a la Corte Suprema que deje sin efecto las ordenanzas con las que el Concejo Deliberante terminó suspendiendo las fotomultas en Santa Rosa.
