La Justicia laboral falló a fines de junio que a los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad se les aplicase el convenio colectivo nacional 572 y no uno provincial denominado "80 aniversario" que surgió en el 2014 por un decreto del ex gobernador Francisco Pérez. Por este convenio provincial a los empleados se les descontaba el 3% de sus salarios como aportes sindicales en vez del 0,5% que es lo que estipula el convenio nacional. Esa diferencia en los aportes supuso que entre el 2016 y la actualidad a los empleados se les descontaron $62 millones de más.
Durante el gobierno de Francisco Pérez, el sindicato que representa a los empleados de la Dirección Provincial de Vialidad, Sitravi, buscó independizarse de la Federación nacional que nuclea a esos gremios, FAT Vial, y lo consiguió redactando un convenio colectivo de trabajo propio: el "80 aniversario de la Dirección Provincial de Vialidad", con artículos distintos a los del convenio nacional 572, vigente desde el 2009.
Uno de los principales cambios estaba en la cuota sindical. En el convenio nacional se les descontaba a los empleados el 0,5% de sus salarios, mientras que en el nuevo convenio provincial el descuento de aportes sindicales a los afiliados era del 3%.
Ese convenio fue ratificado por un decreto que firmó el ex gobernador Francisco Pérez en el 2014, pero que debía contar con la homologación de la legislatura, algo que nunca ocurrió, pero aún así se comenzó a aplicar.
Por esa aplicación la FAT Vial, que se quedaba sin el aporte de los empleados viales mendocinos, inició una causa judicial contra el Sitravi que terminó en una sentencia dictada en septiembre de 2016 por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 24 a través del cual se intimó a la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza a aplicar el Convenio 572/09 a partir del 1 de octubre de ese año bajo apercibimiento de un monto en pesos por cada día de no cumplimiento de la sentencia.
Con esta obligación encima, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Sandes, en marzo del 2016 emitió la resolución 864/16 por la cual informaba que aplicaría la sentencia judicial, pero el sindicato mendocino no se dio por vencido e interpuso un amparo en la Séptima Cámara del Trabajo para frenar esa aplicación y logró una medida cautelar de no innovar.
"Cuando asumí me encontré con algo inédito: un fallo de un juez nacional que me decía que aplicara el convenio nacional y una jueza local que me decía que no debía aplicarlo", comenzó diciendo Oscar Sandes para graficar la nebulosa legal que lo obligó a hacer los aportes al sindicato provincial hasta el mes pasado.
Según el funcionario, entre los cambios más llamativos que contenía el convenio provincial resaltaba "no sólo que se les descontaba el 3% a todos los empleados afiliados al sindicato, sino que además el secretario general del gremio se tomaba la libertad de pasar una lista de 7 a 10 personas con licencia gremial total con goce de sueldos con el cargo más alto al que pueda aspirar un empleado vial. Es decir habían sindicalistas que ganaban $70.000 sin trabajar, es más en la lista habían trabajadores que no conozco, con esto digo que no fueron nunca a trabajar", amplió Sandes.
Vaivenes judiciales y sentencia
En medio de la disputa, el mismo Sandes acudió al Ministerio de Trabajo de la Nación buscando una respuesta de cómo actuar y allí le remarcaron que la discusión era por un convenio provincial, por lo que se debía resolver en Mendoza. También llegó hasta la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, en donde la respuesta fue que aplicara el convenio 572/09 según lo ordenado por el juez nacional.
Entre tanto el amparo que presentó el Sitravi permaneció inmóvil en la Justicia por más de dos años y recién el 24 de junio la cámara se declaró incompetente.
"El fiscal de Cámara fue quien dijo que era insólito lo que estaba sucediendo, porque ya era una causa juzgada con sentencia firme y cuestionó el porqué lo demora. Después de eso salió el fallo de la Séptima Cámara de Trabajo que al declararse incompetente convalida el fallo nacional", precisó Sandes.
El sindicato está dispuesto a ir a la Corte
Pese a que en la Dirección Provincial de Vialidad festejaron este fallo casi como si fuese el final de una interminable y tediosa novela, en el sindicato ya adelantaron a Diario UNO que van a recurrir esa medida y están dispuestos a llegar a la Suprema Corte de la provincia.
"Al declararse incompetente la Séptima Cámara Laboral, judicialmente se cae la medida de no innovar y la Dirección Provincial de Vialidad asume que sigue vigente la aplicación del convenio, por eso nosotros metimos un recurso de reposición, porque creemos que la Justicia de Mendoza es la única competente para definir la aplicación de convenios del sector público. Si así no lo entienden llegaremos a la Suprema Corte", adelantó Claudio Díaz, actual secretario general de Sitravi y ex diputado provincial del PJ entre el 2011 y el 2015.