El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, recibió este lunes a los familiares del oficial Leonardo Alarcón (35) y del agente de tránsito Santiago Velázquez (23), quienes a principios de mayo perdieron la vida en un siniestro vial en el Acceso Sur, causado por Hugo Martín Rodríguez, uno de los tantos conductores que protagonizan accidentes en Mendoza en estado de ebriedad.
Tragedia en el Acceso Sur
Diego Costarelli se sumó a los reclamos de justicia por los agentes que murieron atropellados por un sommelier
El intendente de Godoy Cruz le brindó a los familiares su apoyo para que la calificación del hecho continúe siendo homicidio simple con dolo eventual. Las palabras de la familia
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, recibió a los familiares de las víctimas en la municipalidad.
Desde la comuna explicaron que la intención del encuentro, que se desarrolló en la misma municipalidad, fue brindar a los familiares su apoyo para que la calificación del hecho continúe siendo homicidio simple con dolo eventual y asegurar la conformidad para que el caso sea elevado a juicio por jurados.
La tragedia ocurrió el viernes 3 de mayo cuando el sommelier Rodríguez decidió conducir su Eco Sport con 2,68 gramos de alcohol en sangre, superando el límite permitido de 0,5 gramos. En su camino, se encontró con un operativo policial, de tránsito y de bomberos para atender un choque en cadena de ocho autos. Según testigos, Rodríguez pasó por la banquina entre los autos averiados, atropellando al preventor municipal de Godoy Cruz y al policía vial, quienes perdieron la vida debido al impacto.
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Las palabras de los familiares
Ana Velázquez, tía de Santiago, expresó tras el encuentro con Costarelli: “Mantuvimos una charla con el jefe comunal del departamento, nos dio todo su apoyo como también se solidarizó con las familias. Quiere que este caso marque un precedente, que no cambie la carátula. Es un tema cultural la problemática del consumo del alcohol en la sociedad. Cada persona tiene que tomar conciencia a la hora de manejar”.
Además, Velázquez expresó su preocupación con que el automovilista, Hugo Martín Rodríguez Cáceres, logre el arresto domiciliario: “No queremos que suceda eso. Pretendemos que la causa siga avanzando”.
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Por otro lado, Graciela Quiroga, madre de Leonardo Alarcón, hizo hincapié en la defensa de Hugo Martín Rodríguez Cáceres. “Yo le pido a la defensa de esta persona que se ponga en el lugar nuestro como también a las autoridades judiciales de la causa. Les pedimos a los nuevos jueces que se pongan el corazón en la mano y que hagan las cosas como corresponden. Perder un hijo es algo irreparable. Esta persona se llevó por delante gente que estaba trabajando, que estaba cumpliendo con un operativo”.
Quiroga precisó: “No fue un accidente entre dos vehículos, es necesario que se haga justicia y se le dé la pena que corresponde. Si se da la pena que corresponde va a cambiar la mente de la sociedad mendocina”.
¿Qué es lo último que pasó en la causa que investiga al conductor que mató a 2 personas?
La situación de Hugo Martín Rodríguez (44) -el empleado de una bodega que manejó ebrio, atropelló y mató a un preventor y a un policía tras un accidente en Godoy Cruz- volverá a discutirse. Pese a que una jueza le dictó la prisión preventiva con la calificación más grave, su defensa apeló la decisión y busca sacarlo del penal en una segunda instancia.
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El jueves de la semana pasada, la jueza María Alejandra Mauricio ordenó que Rodríguez continúe alojado en la cárcel mientras avanza la investigación por las muertes del efectivo Leonardo Alarcón (35) y el preventor de Godoy Cruz Santiago Velázquez (23). No sólo eso, sino que también ratificó la imputación que impuso la Fiscalía de Tránsito: doble homicidio simple con dolo eventual –de 8 a 25 años de cárcel-.
Tras conocerse la resolución, en los últimos días el abogado defensor Pablo Cazabán apeló el fallo y ahora el expediente se revisará en un tribunal de segunda instancia. La defensa de Hugo Rodríguez busca cambiar la imputación a homicidio culposo agravado por conducir alcoholizado –de 3 a 6 años de cárcel- y, de esta forma, que obtenga la libertad o al menos un arresto domiciliario.
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El letrado planteó que la jueza no fundamentó varias de sus decisiones, como que tampoco explicó los riesgos procesales de que el empleado quede en libertad. Ahora habrá que esperar a que se ponga fecha para realizar esta nueva audiencia.