El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, defendió la futura ley de extinción de dominio y advirtió a los opositores que no acudieron a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado que "las consideraciones u objeciones que enmascaren una negativa a concretar este proyecto no serán atendidas".

El espíritu de la iniciativa, cuyo tratamiento legislativo se dará en medio de un año electoral picante, apunta a destinar el producido de los bienes originados en maniobras delictivas (corrupción y pornografía infantil, entre otras) a la construcción y reparación de edificios escolares de la provincia.

El mecanismo, explicó el funcionario, prevé la realización de un proceso civil independiente del proceso penal "para que la Justicia recupere esos bienes producto de la delincuencia sin esperar, como sucede actualmente, que haya una condena penal para decomisarlos".

Argumenta el Gobierno que es muy bajo el porcentaje de juicios por corrupción que terminan en condena por lo extenso de los procesos y porque intertanto los responsables desvían la propiedad de esos bienes, desligándose de esa y otras pruebas.

"Termina siendo una burla para el ciudadano: solo 7 de cada 100 casos de corrupción llegan a condena en el país", dijo. "Ese proceso civil -aclaró- contemplará todas las garantías para que los involucrados puedan demostrar la legalidad de las actividades que les permitieron adquirir esos bienes".

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