“Mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación la autodenominada “Ley de Bases”, cuyo Título III sobre “contratos y acuerdos transaccionales” autoriza al Poder Ejecutivo, “por razones de emergencia”, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023”, comenzó la también ex vicepresidenta.
Y continuó en su cuenta de la red social X: "Pero… “Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y…(adivina qué también)… aquellos contratos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción”.
La expresidenta explicó que este apartado "faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica".
Según alegó, esta última es la "causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas". "No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos", agregó.
"Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él no sería Presidente ¿de qué habla este hombre?", remarcó la ex mandataria en un acto en Quilmes y destacó la marcha federal universitaria del martes por su gran magnitud.
A la vez, exhibió una filmina donde mostró los beneficios impositivos para la empresa Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperín, y subrayó: "Con esos 103 millones de dólares (de beneficio) nos sobran para pagar los gastos de funcionamiento de las universidad y los hospitales".
