El Fiscal de Estado, Fernando Simón, consideró que la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación de resolver cuanto antes la acción de inconstitucionalidad presentada por cuatro intendentes del PJ que buscan la reelección. De no hacerlo, el máximo tribunal cometería "un daño irreparable a los candidatos y a la ciudadanía".
El órgano extrapoder presentó este lunes a las 9.30, en el cuarto piso de los tribunales, su opinión acerca del conflicto jurídico y político desatado a finales de 2018 cuando el gobernador Cornejo decretó el final de las reelecciones indefinidas. Ya lo había hecho la Asesoría de Gobierno, que pidió la suspensión de las elecciones anticipadas convocadas por San Rafael, Lavalle, San Martín y Tunuyán. Ahora llegó el turno de la Sala 2 de la Corte: primero deberá resolver las recusaciones de Mario Adaro y Dalmiro Garay; a continuación, el planteo de los caciques del PJ.
"Si la sentencia de la Corte sobre la cautelar se demora hay peligro de que se produzca un daño irreparable: que los intendentes no puedan presentarse a las candidaturas y que la ciudadanía no los tenga como candidatos para elegirlos al momento de los comicios", explicó Simón a Diario UNO en su despacho. La fecha tope es el 9 de marzo: ese día los partidos deberán presentar las listas de candidatos para las elecciones anticipadas.