ARCA cambia su política ante la cantidad de fallos en contra.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió un vuelco estructural en su estrategia legal ante los reclamos previsionales. El organismo recaudador dispuso que dejará de apelar las sentencias dictadas por los tribunales federales que eximen a los jubilados del pago del Impuesto a las Ganancias, agilizando el final de los pleitos vigentes.
Ahora, al no haber apelación, en cuanto un juez de primera o segunda instancia le dé la razón al jubilado, el fallo quedará firme y el cese de los descuentos impositivos se aplicará de inmediato.
Desistir de los recursos de apelación
La determinación del fisco nacional se formalizó mediante la Instrucción General 4/2026 de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. A través de este documento oficial, se instruyó a los representantes legales de la entidad a desistir de los recursos de apelación ordinarios, extraordinarios o de queja que se encuentren en tramitación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o las cámaras federales de apelaciones.
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ARCA excluye explícitamente a aquellas acciones judiciales iniciadas por entidades sin legitimación.
Esta decisión administrativa implica que, una vez que un tribunal de primera o segunda instancia emita un dictamen favorable al jubilado demandante, la resolución judicial quedará firme. De esta manera, el beneficiario previsional dejará de percibir los descuentos correspondientes al tributo de manera inmediata, acortando procesos judiciales que solían extenderse durante varios años en los tribunales del país.
La conducción del organismo argumentó que la insistencia en sostener los litigios generaba un elevado costo fiscal para el Estado argentino, derivado del pago de honorarios profesionales, costas y tasas de justicia. Al presentarse un escenario de jurisprudencia consolidada, las autoridades consideraron inconducente continuar con las revisiones en las instancias superiores y decidieron acatar los fallos previos.
El nuevo criterio de ARCA se fundamenta de forma directa en el fallo "García, María Isabel c/ AFIP", dictado por el máximo tribunal del país. En dicho precedente, la Justicia determinó que los haberes de retiro poseen una naturaleza netamente previsional y asistencial, diferenciándose de las rentas ordinarias provenientes del trabajo activo que realizan los empleados en relación de dependencia.
Los magistrados de la Corte Suprema señalaron oportunamente que la ancianidad y los problemas de salud configuran factores de vulnerabilidad social que merecen una tutela constitucional diferenciada. Posteriores modificaciones normativas sobre el Impuesto a las Ganancias mantuvieron criterios de carácter patrimonial, sin modificar la esencia que los jueces evaluaron como inconstitucional para el sector pasivo.
ARCA
La decisión valida lo que ya había dicho la Corte Suprema en el famoso fallo García: que los haberes de retiro no son una "ganancia" comercial, sino un sustento para una etapa de vulnerabilidad.
El alcance es para demanda individuales
El beneficio de la instrucción interna alcanzará a las demandas individuales impulsadas por los beneficiarios que demuestren situaciones particulares de vulnerabilidad. Las pautas de la repartición oficial indican que los apoderados públicos evaluarán la conducta sistemática de cada cámara federal del país antes de convalidar el desistimiento de las acciones procesales, asegurando un marco de equidad.
De acuerdo con estimaciones basadas en informes de la Jefatura de Gabinete, el universo de pasivos alcanzados por este gravamen se ubica en torno a las 130.000 personas en todo el territorio nacional. Los descuentos impactan en los haberes mensuales que superan el equivalente a 8 jubilaciones mínimas, un piso que se actualiza periódicamente según el Índice de Precios al Consumidor.
La medida adoptada por ARCA excluye explícitamente a aquellas acciones judiciales iniciadas por entidades sin legitimación activa colectiva, tales como colegios profesionales o asociaciones que pretendan representar al conjunto de los afiliados. En estos casos, la representación estatal mantendrá las apelaciones pertinentes de acuerdo a las normativas de procedimiento civil que rigen la materia.
Asimismo, los abogados del organismo fiscal conservarán la facultad de recurrir aquellas sentencias en las que se considere que existen elementos fácticos específicos que permitan revertir el criterio judicial en favor del Estado. No obstante, para la generalidad de las causas fundadas en la edad avanzada o problemas crónicos de salud, el trámite administrativo para consolidar el cese de las retenciones impositivas registrará una sustancial reducción en sus plazos de resolución, marcando un hito en la gestión del gobierno nacional.
Esta reconversión de las pautas litigiosas promete aliviar la carga de los juzgados federales, que arrastran miles de expedientes de jubilados desde hace más de una década. La medida fue bien recibida por diversas agrupaciones de la tercera edad, que consideraban un contrasentido que el propio Estado prolongara los juicios de manera artificial a sabiendas de que la Corte Suprema ya había fijado una posición unánime e invariable sobre la inconstitucionalidad de gravar los haberes previsionales.
