El tormento de Soledad Lescano (30) comenzó a principios de este año, cuando entre ella y su pareja – ambos oficiales de la Policía de Mendoza– se empezaron a vislumbrar diferencias, sobre todo por el trato que el hombre le daba. En abril, la relación tuvo un abrupto corte. En medio de una discusión en la puerta de su casa, en Maipú, el efectivo le dio tal paliza que la mujer terminó con el rostro destrozado y fue asistida en hospital Paroissien. Dadas las heridas que sufrió, sobre todo en el mentón, y los espantosos dolores que acusaba en la mandíbula por las tremendas trompadas que recibió, el 9 de abril, Lescano llegó a la Clínica Odontológica de OSEP pensando que podría haber sufrido la rotura del alguna pieza dental. Pero, al revisarla, un odontólogo le recomendó ver a un especialista maxilofacial. Este profesional le diagnosticó una herida corto-contusa en la región mentoniana y una fractura en la mandíbula izquierda, y le recomendó radicar la denuncia, ya que ella debió admitir ante él por primera vez que esas heridas no se habían producido en una caída, como había contado hasta ese momento, sino que se las había provocado su pareja a golpes. Tras haber denunciado lo ocurrido en la Oficina Fiscal Nº10 de Maipú, la oficial Lescano se presentó en Sanidad Policial, en donde decidieron retirarle el arma, al igual que a su pareja, como medida preventiva, a la par que la derivaron a ella a Sanidad Policial. En esa oficina comenzó para ella otra desventura. Los médicos policiales la derivaron para internarla en el hospital El Sauce, en donde pasó sólo tres días ya que el psiquiatra tratante le dio el alta. Ese mismo especialista le indicó en junio que estaba apta para el ejercicio policial e indicó que la restituyeran, pero desde Sanidad Policial no sólo le rechazaron ese certificado psiquiátrico sino que le extendieron la licencia. “Hay un claro perjuicio para con ella, porque a ella la hicieron internar cuando el psiquiatra le dio el alta y luego le rechazaron el certificado de aptitud para trabajar, mientras que a él sólo le retiraron el arma y lo suspendieron unos pocos días, ya que continúa trabajando desde mayo. Además, pedí conocer el estado de la causa penal contra su pareja y me dijeron textualmente que está pisada. A esta inactividad de la Justicia no la podemos dejar pasar, así como tampoco la inacción del Estado”, sentenció la abogada Carolina Jacky, representante legal de la víctima. El caso llegó ayer a la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura, en donde se comprometieron a evaluar la causa y tomar medidas al respecto.