Javier Broggi, ex director de Cultura de Urdinarrain, volverá este lunes a enfrentar a la Justicia de Gualeguaychú por los supuestos casos de abusos sexuales a menores.
En el juicio está imputado por corrupción de menores en dos hechos. El debate se inició el 26 de octubre de 2015, pero solo transcurrieron dos audiencias, porque el 27 quedó clausurado cuando el abogado defensor Rubén Gallardo solicitó que se le impidiera a la Fiscalía y la querella la declaración de supuestos testigos abusados que no eran los denunciantes de los casos por los que había sido llevado a juicio.
Según explicó Gallardo a El Día de Gualeguaychú, "cuando uno está en un debate y dentro del debate aparecen nuevas posibles imputaciones, es obligatorio cursarle a la defensa y al imputado el nuevo hecho". El Tribunal encabezado por Alicia Vivian le dio la razón a Gallardo y ordenó que todo volviera a investigación, pero la Fiscalía llevó la decisión a Casación y en Paraná se ordenó volver al juicio.
Casación le dio la razón a la Fiscalía de Gualeguaychú en diciembre del año pasado, pocos días antes de Navidad, y ordenó que el juicio prosiguiera en Gualeguaychú. El problema vino después porque no había jueces para el Tribunal, ya que los tres primeros (Alicia Vivian, Mariano Martínez y Alberto Seró) se habían excusado de continuar.
Los tres magistrados, dos de ellos miembros del Tribunal de Juicios de Concepción del Uruguay, actuaron en reemplazo de Mauricio Derudi y Arturo Dumón, que ya se habían excusado con anterioridad por cumplir roles como Fiscal y Juez de Garantías respectivamente en la etapa investigativa. Martínez y Seró solicitaron no intervenir más en este caso y esta novedad originó que desde la secretaría del Tribunal de Gualeguaychú se remitiera una notificación a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para que se decidiera al respecto.
La Sala Primera de Procedimientos Constitucional y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) designó por sorteo a Fabián Bernabé López Moras de Concepción del Uruguay, Pablo Vírgala de Paraná y Jorge Sebastián Gallino de Gualeguay. Pero estos tres magistrados no aceptaron la excusación del primer tribunal por los argumentos esgrimidos y esto originó que la secretaria de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Gualeguaychú remitiera las presentaciones que realizaron los magistrados sorteados para que sea la Cámara de Casación Penal la que determinara qué Tribunal debía actuar.
Finalmente, a mediados de septiembre, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos remitió a Gualeguaychú su decisión. Ordenó que a la brevedad se reiniciara el juicio con el mismo tribunal que había ordenado la clausura en octubre de 2015.
Gallardo responsabilizó de toda la demora al querellante Darío Carrazza, porque aseguró que fue el asesor legal de las víctimas el que "pidió que se desplazara al Tribunal". "A la defensa no le interesa quiénes sean los jueces, porque incluso cuando la querella pidió el desplazamiento, nosotros dijimos que entendíamos que debía seguir el mismo Tribunal porque había demostrado ecuanimidad y había sido absolutamente flexible para las partes y con una libertad absoluta".
Aseguró que la defensa "nunca pidió la suspensión ni solicitó desplazamientos de funcionarios", y explicó que la declaración del testigo víctima estaría dentro de la misma mecánica por la que estaba siendo juzgado Broggi por lo cual "nosotros entendemos que todo acusado tiene el derecho de defenderse una sola vez. Si hay 100 casos no lo van a llevar a juicio una vez por caso, por una cuestión de economía procesal lo planteamos a eso".
"Nosotros estamos a derecho porque sabemos que esto se va a terminar y nos van a dar la razón", advirtió el gualeyo que continuará con su estrategia de poner en crisis los fundamentos y pruebas recogidas por la Fiscalía, argumentando una prescripción de los supuestos hechos ocurridos entre 1988 y 1995 y entre 2002 y 2008, cuando estaba al frente del área de Cultura de Urdinarrain.
El Día
