Según denunció la IGS, finalmente terminaron subiendo cuatro agentes. Quien pidió la autorización es un prefecto -rango mayos en la fuerza-, quien estuvo acompaña por otro jefe -el encargado de las Alcaidías, y otros dos agentes de menor rango.
La causa administrativa contra los penitenciarios investigados sostiene que no sólo modificaron los datos de la autorización que habían obtenido, sino que además no realizaron sus labores sino que estuvieron acampado y realizando andinismo en Vallecitos.
En la mañana de este jueves, el directorio de la IGS se reunió y pidió el pase a disponibilidad por 60 días. Es decir, no podrán ejercer sus funciones, se les quita su arma reglamentaria y cobrarán la mitad de su sueldo mientras avanza el expediente administrativo.
Pero no sólo eso sino que realizaron la denuncia penal por la posible comisión de delitos. En concreto, podría encuadrarse en una violación al artículo 205 -no respetar la cuarentena- y falsificar un documento público.