Al culminar la segunda semana de audiencias en el juicio oral y público que se le sigue a 25 personas acusadas de integrar la banda de Los Monos, una asociación ilícita dedicada a la comisión de diferentes delitos, tanto la Fiscalía como la defensa de los principales imputados emitieron comunicados para hacer saber su opinión, a modo de balance, sobre el extenso trámite en curso cuyo fines se prevén par abril de 2018.
Vale recordar que en la semana que termina hubo dos protagonistas: el suboficial Ariel Lotito, quien era el "coordinador de calle" de la Brigada Operativa de la División Judiciales (BOJ) que bajo las órdenes del juez instructor Juan Carlos Vienna llevó adelante la invetigación a la banda; y unas 300 escuchas telefónicas captadas a los teléfonos de los acusados que insumieron toda la jornada del jueves.
En ese marco, desde la Fiscalía que lleva adelante la acusación se sotuvo que "la defensa hostigó" a Lotito durante el interrogatorio "produciendo múltiples interrupciones, al punto que anunciaron que lo denunciarían por falso testimonio".
Contra la estrategia
Al respecto, los fiscales que comanda Gonzalo Fernández Bussy manifestaron que "los abogados litigantes acudieron a la estrategia de recusar a los jueces (en dos ocasiones y ambas rechazadas por el tribunal), interrumpir las alocuciones de cada uno de los testigos que declararon (en los primeros días de audiencia) y culminaron la jornada del viernes pidiendo investigar a un testigo que declaró con detalles y argumentos el accionar delictivo de este grupo".
El testigo (Ariel Lotito), a consideración de la Fiscalía, "no presentó fisuras y dio acabado fundamento a cada una de las preguntas del Ministerio Público de la Acusación y a los cuestionamientos de las defensas". Asimismo, "el balance que se hace respecto al desarrollo del juicio es que día a día se muestra que las pruebas son contundentes y que cada audiencia es una oportunidad para los fiscales de demostrar que las personas imputadas son quienes formaron parte de la asociación ilícita por la cual se las trajo a juicio en esta primera etapa".
Una clara finalidad
En tanto, desde el otro lado de la sala de audiencias, los abogados Carlos Edwards y Fausto Yrure, defensores del núcleo duro de la banda de Los Monos, hicieron un balance temporal y político de los dichos de los testigos. En ese sentido dijeron que "de los testimonios presentados por el ex jefe de la División Judiciales (Cristian "Carancho" Romero) como del personal a su cargo, ha surgido claramente que la Brigada Operativa de dicha área fue creada en marzo de 2013 con la clara finalidad de incriminar a la familia Cantero" en la saga de crímenes que por entonces azotaba la ciudad.
Dicen los letrados que la creación de la División Judiciales "con la finalidad de investigar homicidios resonantes coincide con la época en la cual se había intensificado la puja política entre el gobierno nacional y las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y la violencia urbana".
A su vez, dijeron, "la creación de dicha Brigada resulta inexplicable ya que históricamente existe en la Unidad Regional II de la policía la Brigada de Homicidios, que es la encargada de investigar los crímenes, por lo que esa nueva Brigada de Judiciales se superponía en sus funciones con la anterior, como ha quedado reflejado en esta misma causa, ya que inicialmente la muerte de Martín "Fantasma" Paz comenzó siendo investigada por la Brigada de Homicidios y de repente el juez Juan Carlos Vienna la desplaza de la pesquisa y la reemplaza por la Brigada de Judiciales".
"También ha quedado demostrado a través de los testimonios, que las supuestas "tareas de inteligencia" o "información de calle" efectuadas por la Brigada de Judiciales, y que supuestamente sirvieron de fundamento para que el juez Vienna ordenara las intervenciones telefónicas, no se fundamentaron en ningún elemento objetivo de prueba más allá de los datos que se pueden obtener en una charla de peluquería; no se acompañaron ni fotos, ni videos de seguimientos, ni ninguna declaración testimonial de alguna persona que avalara tal información".
En cuanto a la audición de los tres centenares de escuchas telefónicas realizadas esta semana, los defensores dicen que "las mismas carecen de valor probatorio autónomo para acreditar la existencia de cualquier delito, en este caso una asociación ilícita, y que necesariamente deben objetivarse en una prueba material y concreta, lo que no ha ocurrido en este caso". Y concluyen: "Si bien pueden resultar útiles para iniciar una investigación, nunca pueden servir para el pronunciamiento de una condena; en este sentido, la jurisprudencia resulta pacífica y unánime".
