Amenazas, extensos turnos de trabajo, sobrecarga laboral y otros factores fueron determinantes para que un fiscal del Este mendocino renunciara a su trabajo hace varios años. Ahora, el ex funcionario judicial recibirá una indemnización por las secuelas psicológicas que le dejó su trabajo.A mediados de 1992, Hugo Elías Yadala comenzó a desempeñarse como fiscal en la Tercera Circunscripción Judicial que abarca los departamentos de San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz. El titular de la entonces Tercera Fiscalía de Instrucción y Correccional estaba de turno 6 meses cada año y trabajó en el Poder Judicial durante 18 años.
Según la demanda que inició en la Justicia laboral, el investigador judicial “a lo largo de todo sus años de labor sufrió amenazas, subrrogancias a otros magistrados, problemas internos del Tribunal, todo lo cual fue minando su salud”.Dos testigos que trabajaron a su lado aseguraron que en esa época era todo engorroso ya que se utilizaba máquina de escribir y carbónicos en los expedientes judiciales. “Era habitual que en los debates tuviera amenaza de los imputados o de los familiares”, manifestó una secretaría a su cargo.Otro auxiliar recordó algunos casos difíciles como uno ocurrido en diciembre “de 2004 o 2006, cuando gente iba a un recital de los Redonditos de Ricota y robaron en una estación de servicio en Santa Rosa. Eran tres colectivos con 170 personas que imputamos y tuvimos que indagar”.El ex fiscal Yadala aseguró que como consecuencia de su trabajo sufrió una incapacidad del 46% por trastornos psicofísicos, estado depresivo crónico y el agravamiento de una dolencia que sufría en la columna. Es por esto que reclamó a Prevención ART la suma de 575.871 pesos.Desde la aseguradora contestaron la falta de legitimación sustancial pasiva ya que desde la fecha de la primera manifestación invalidante el fiscal supuestamente tenía contrato con otra ART.La jueza laboral María del Carmen Nenciolini consideró que “durante 18 años sin dudas ha importado un desgaste emocional y síquico importantes”. “Resulta evidente a través de las testimoniales que las condiciones de labor han producido un daño síquico al trabajador” pero en contraparte adujo que las dolencias físicas no eran secuelas de su función ya que “no ha realizado tareas de esfuerzo ni en posiciones viciosas que podrían haberlas agravado”.Es por esto que admitió la demanda parcialmente y ordenó a que el ex funcionario del Poder Judicial sea indemnizado con 200.216 pesos, en concepto de incapacidad laboral parcial y definitiva del orden del 21.
