El defensor de los discapacitados pide que la orden se vaya

"Ya hay más de 70 declaraciones tomadas, algunas denuncias y otras testimonios", contó Juan Carlos González, titular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia, sobre el descubrimiento de la cadena de abusos sexuales, vejaciones y maltratos que sufrían los niños hipoacúsicos del instituto Antonio Próvolo en Luján. "Les pido a todos los que tengan algo para decir que concurran sin temor a la Oficina Fiscal 15 (San Martín 7686, Luján de Cuyo)", remarcó González.También alertó de que la Justicia no ha estado preparada para dar respuestas a las víctimas con discapacidad. "Siempre ha habido grandes inconvenientes, empezando en poder hacerlos declarar y que esa declaración sea válida legalmente. Hay personas con discapacidad que han perdido juicios por eso, porque a un hipoacúsico se lo ha tratado como a alguien con discapacidad mental, por ejemplo. Hay una barrera histórica para los discapacitados para acceder a la Justicia". En cambio destacó que en el caso Próvolo "se ha designado un equipo de cuatro intérpretes muy capacitados, para que todos puedan declarar".Para el defensor el futuro es claro: "Esta orden se tiene que ir. No puede seguir al cuidado de niños. La relación con los niños y sus familias está rota, destruida y no hay forma que confíen en ellos". Y afirmó que el Arzobispado "conoce perfectamente los antecedentes de los dos sacerdotes que han sido parte de esto".El funcionario remarcó que los albergues y hogares de internación permanente para personas con discapacidad deben desaparecer. "El niño alojado allí es doblemente vulnerable. A su discapacidad se le debe sumar la asimetría de poder que hay entre el internado y el cuidador. La víctima no tiene poder de autodefensa, de poder escapar, de contarle a alguien", recalcó.González calificó este tipo de hogares de "caldo de cultivo" para que ocurran estas cosas. Para la defensoría, se debe trabajar para que la persona con discapacidad logre una vida autónoma. "Hay que darles a los padres las opciones que necesitan. Apoyo económico, posibilidad de transporte, que el niño con discapacidad pueda ir a la escuela de su barrio y a la escuela especial de su zona. Dentro de lo posible debería relacionarse con niños sin discapacidad, para ayudar a su integración pero además para que ante una situación de riesgo tenga a quién recurrir para pedir ayuda". Incluso subrayó que "por este motivo el Estado provincial ya no tiene escuelas con internación".González explicó que a las alertas por posibles maltrato y abuso que habían hecho los padres en el instituto se les daba alguna excusa: "Que se habían golpeado jugando, que los moretones los traían desde la casa... casi siempre ocurre que al que tiene la valentía de denunciar se lo termine castigando".