A cinco años del hecho de sangre que conmovió a toda la sociedad mendocina, el asesinato del médico Sebastián Prado (36) llegará a juicio. Los dos acusados se enfrentarán el año que viene a un debate que definirá si son condenados a prisión perpetua o no.
Tras una extensa investigación, Jonathan Morales (32) e Ismael Pipi Merlo (32) se sentarán en el banquillo de acusados. Se enfrentarán a un jurado popular, la nueva modalidad que se aplicará a partir del año que viene con los juicios donde los acusados arriesguen la máxima pena que contempla el Código Penal.
En la audiencia que se efectuó en la mañana de este jueves, la juez Patricia Alonso le dio la derecha a la fiscal Claudia Ríos y dio por finalizada la investigación primaria. Ambos sospechosos están imputados por homicidio criminis causa, es decir, para la investigadora de Homicidios el médico fue asesinado para ocultar un asalto.
La defensa de los acusados, a cargo del abogado Jorge Hinojosa, se había opuesto a la elevación a juicio entendiendo que la prueba era insuficiente pero la juez Alonso rechazó los argumentos vertidos por el letrado.
Dos veces detenidos
El 6 de septiembre de 2013 no fue un día más para las autoridades provinciales. La sociedad se encontró con uno de los hechos de inseguridad más conmocionantes en los últimos años. La víctima fue Sebastián Prado, un traumatólogo de 36 años que era jefe de esa especialidad en el Hospital Central.
El profesional de la Salud se encontraba sacando un auto de su domicilio ubicado en el callejón Gomara, en la Sexta Sección. Fue abordado por dos delincuentes que quisieron asaltarlo. El hombre se resistió porque arriba del vehículo estaban su esposa y sus hijos. Terminó con tres disparos que terminaron con su vida.
Con el aporte de un testigo, Johnny Morales y Pipi Merlo fueron detenidos tres semanas después. Sin embargo, el primero de ellos aportó una firme coartada: el día del hecho se encontraba trabajando en un bar. Esa versión fue avalada por el dueño del comercio. Ambos quedaron libres y la causa entró en un pantano hasta enero pasado.
Por el asesinato de José Federico Álvarez (70), ultimado tras un asalto en una finca en Guaymallén, fue detenido un joven de 24 años. Este último confesó haber actuado con Morales y que le dijo que había que ultimar a la víctima para que no hablara, tal como él había hecho con un médico.
Otro testigo identificado como Tyson -hoy en la cárcel por un homicidio- declaró y ratificó que los dos sospechosos llegaron esa noche al asentamiento Malargüe -estaba ubicado calle Suipacha y Tiburcio Benegas- y admitieron que habían cometido el hecho.
