Cuatro imputaciones más para el cura Horacio Corbacho

A poco de cerrarse la megainvestigación por abusos sexuales a chicos sordos del instituto Próvolo de Luján, los acusados siguen sumando imputaciones. Ayer, el cura Horacio Corbacho fue notificado de los nuevos cargos en su contra y decidió defenderse. La causa está casi lista para elevarse a juicio. Corbacho, uno de los tres sospechosos que está en la cárcel, estuvo frente al fiscal Gustavo Stroppiana, que le comunicó cuatro imputaciones más por la que será juzgado. Los delitos siguen vinculados a abusos sexuales agravados y corrupción de menores. La fiscalía realizó estos últimos aboques luego de nuevas declaraciones de víctimas. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que en los próximos días el resto de los implicados también serán notificados de más hechos en su contra. Ya suman catorce los acusados en el expediente. Corbacho y los empleados del colegio Jorge Bordón y Armando Gómez están en el penal, mientras que el cura Nicola Corradi, la monja Kosaka Kumiko y la ex representante legal de la institución, Graciela Pascual, gozan de arresto domiciliario. Los otros ocho imputados formaron para de la comunidad educativa y están libres. Entre estos está la monja Asunción Martínez. Recientemente fue desvinculado un hombre que pertenecía a la escuela, luego de que lo declararan inimputable. Si no aparecen nuevos sindicados, el caso se elevaría a juicio a fin de este mes o principios de abril. Se defiendeAl igual que lo hizo en otras audiencias, ayer el cura Corbacho optó por declarar e intentó despegarse de los episodios aberrantes. Volvió a decir que cuando sucedieron los abusos él estaba en el Próvolo de La Plata y que no participó de los vejámenes. Anteriormente había mostrado chats de Facebook con alumnos para reflejar la relación "paternal" que tenía con los chicos. Corbacho no aceptó preguntas del fiscal ni de los abogados querellantes. Querella indignadaLas últimas declaraciones de miembros de iglesia refiriéndose al caso Próvolo han generado mucho malestar en los abogados locales de las víctimas. Una de ellas fue la de Alberto Bochatey, el interventor de la orden religiosa en todo el mundo, quien expresó la intención de volver a abrir el instituto, luego de que la Justicia ordenara la devolución del terreno y el edificio al haber terminado todas las medidas. Los propietarios son de la asociación Obra San José y también planean la reapertura, algo que desde la DGE (Dirección General de Escuelas) descartan hasta que se finalice la causa penal. Estas intenciones cayeron muy mal en la ONG Xumek (grupo de letrados querellantes), ya que lo toman como una falta de respeto a las víctimas, al igual que los dichos de un obispo de Italia que señala que las acusaciones contra los curas forman parte de un plan para quedarse con las "bellas propiedades" de la Iglesia. Desde Xumek también informaron que se han presentado como querella en las denuncias a funcionarios del Ministerio de Salud que no han acatado la orden de la fiscalía de enseñarle el lenguaje de seña a un ex alumna que quiere declarar.