Tras varias idas y vueltas en la Justicia, solicitaron la elevación a juicio solamente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Caso Luciana: piden el sobreseimiento por el abandono de personas a los funcionarios de la Dinaf
Tras varias idas y vueltas en la Justicia, se solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga a seis funcionarios de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf) por la muerte de Luciana Milagros Rodríguez, la pequeña de tres años que fue asesinada en 2014 por sus padres, Jorge Coco Orellano (36) y Rita Evelin Rodríguez (25).Este caso es recordado porque, además de terminar en una prisión perpetua contra los autores del crimen, destapó una serie de presuntas irregularidades por parte de empleados del Órgano Administrativo Local (OAL) que, en caso de no haber existido, podrían haber evitado el trágico desenlace.
La fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos fue la encargada de liderar el expediente contra el director del servicio de Protección de Derechos Fernando Herrera, los operadores del OAL Rafael Vizcarra, Mónica Castro y Vanina Consina, y la psicóloga Fabiana Lucentini.Tras reveses judiciales que aletargaron el proceso, la fiscal especial calificó el expediente bajo el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y pidió el sobreseimiento por abandono de personas. El primero prevé una pena que es excarcelable, en tanto que el segundo tiene una condena de 5 a 10 años de prisión, es decir, con prisión efectiva.Ahora el Juez de Garantías Aníbal Crivelli corrió vista a la parte querellante y a la defensa para que emitan su opinión –no es obligatorio- y terminar de definir si la causa es elevada a juicio. De no mediar inconvenientes, sólo restará poner fecha para el debate oral y público.Luciana tenía apenas tres años.Idas y vueltas Si bien en un principio la investigación se había iniciado bajo la órbita de los dos delitos, la fiscal Ríos solicitó la elevación a juicio por el incumplimiento y no se expidió acerca del abandono de personas.La abogada que representa a la abuela materna de Luciana, Graciela Cola, se opuso a esta situación y el juez de Garantías le devolvió el expediente a la fiscal especial para que aclare que sucederá con la calificación más grave.Esta corrección fue realizada hace algunas semanas, donde la investigadora de Delitos Complejos pidió el sobreseimiento de los acusados en ese artículo penal. Fuentes judiciales explicaron que para pedir el abandono de personas hay que demostrar que hubo dolo, es decir, demostrar que los funcionarios tuvieron intención de que Luciana perdiera la vida. Como las pruebas recabadas no lograron dar cierto grado de certeza en ese aspecto, se solicitó el sobreseimiento por el beneficio de la duda.El artículo 106 del Código Penal explica que será penado “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado”.Otro expediente En un tiempo cercano, recaerá en la fiscal Ríos otro expediente que se generó durante el debate que condenó a prisión perpetua a los padres de Luciana. Los jueces de la Séptima Cámara del Crimen ordenaron una investigación contra policías de la Comisaría Tercera, operadores del 911, personal judicial de la Oficina Fiscal 1, de preventores de Ciudad y de la Unidad Especial de Patrullaje de Ciudad.De los testimonios aportados en ese juicio, la mayoría de cuidacoches de la zona, surgió el presunto inaccionar de estas autoridades ante el mal estado y evidente maltrato de Luciana, quien finalmente murió en enero de 2014 tras ser brutalmente golpeada.Esta compulsa todavía no ha llegado a manos de la fiscal especial porque los defensores de Orellano y Rodríguez interpusieron recursos de casación para que el veredicto sea revisado por la Suprema Corte de Justicia, por lo que todavía no se encuentra firme.
