Atraparon una banda de presos que se hacía pasar por fiscales para cometer extorsiones sexuales
Creaban perfiles falsos de jovencitas en Facebook para intercambiar fotos eróticas con hombres a quienes luego llamaban para pedirles dinero a cambio de archivar una denuncia por acoso sexual a menores
Miguel Ángel Agüero, sospechado de cranear la extorsión.
Dos presos y una mujer están acusados de integrar una banda que se hizo pasar por autoridades del Ministerio Público Fiscal, simularon una causa judicial contra un hombre y lo extorsionaron hasta sacarle 150 mil pesos en efectivo. Es la primera vez que la Justicia mendocina investiga este tipo de fraudes.
Desde mediados de octubre pasado que se inició la investigación gracias a la denuncia de la víctima. El hombre, radicado en Luján de Cuyo, detalló que en los primeros días de ese mes fue contactado en Facebook por una joven llamada Camila Díaz -luego se probó que el perfil era apócrifo-. Tras los primeros diálogos con la chica, la conversación fue subiendo de tono y comenzaron a enviarse fotos eróticas.
La situación comenzó a oscurecer el 8 de octubre cuando a la víctima le llegó un mensaje de WhatsApp con una constancia de denuncia que pertenece al Ministerio Público Fiscal. La caratula decía "acoso sexual" y figuraba como víctima Camila Díaz. Minutos después, recibió un llamado de una persona que se identificó como Omar Carrasco, titular de la Unidad Fiscal 3 -no existe un funcionario judicial con ese nombre en Mendoza-.
El supuesto magistrado le explicó que la chica con la que había intercambiado fotos era menor de edad y que su padre había radicado la denuncia penal. Pero existía una forma de zafar: pagarle $80 mil pesos a los denunciantes para anular la investigación. Ante las amenazas de ser detenido, perder su trabajo y afrontar una posible condena de 6 a 15 años de cárcel, el hombre se dirigió a un cajero de Luján de Cuyo y transfirió ese monto de dinero a una cuenta virtual. Minutos después, el "fiscal Carrasco" le confirmó que había anulado el expediente.
Pero no terminó allí la situación, tres días después recibió otro llamado donde le reclamaban 30 mil pesos adicionales para cubrir los honorarios del abogado de la menor Camila Díaz. El estafado volvió a caer en la trampa y a través de un local de Pago Fácil volvió a abonar esa cantidad.
El 20 de octubre siguiente recibió otro llamado de un supuesto policía que le informaba que el "fiscal Carrasco" había realizado mal el proceso por lo que no se cerró el trato con la familia de la adolescente y ahora había que pagar $40 mil. Caso contrario, sería detenido inmediatamente. Por tercera vez, depositó ese dinero en cuenta de Mercado Pago.
Ya sospechando que había sido extorsionado, la víctima se dirigió al día siguiente a la Oficina Fiscal 11 para radicar la denuncia. Cuando estaba en esa dependencia recibió un nuevo llamado del supuesto abogado de la menor quien le exigía $45 mil más, bajo la amenaza de que no sólo iba a ser detenido sino que iban a viralizar en los noticieros las fotos que le había enviado a Camila Díaz. Hasta amenazaron con llamar a su hija y contarle todo lo ocurrido.
Tras la denuncia se inició un expediente a cargo del fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez, quien avanzó con varias pistas. Los investigadores tecnológicos detectaron que el número de IMEI de uno de los celulares desde el cual habían extorsionado al hombre seguía activo, por lo que decidieron intervenirlo. En los días siguientes escucharon que el sujeto intentaba engañar a otras víctimas con la misma modalidad.
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Los sospechosos estaban alojados en el penal de Boulogne Sur Mer.
En una de las conversaciones que el interlocutor mantuvo con su familia surgieron dos datos claves: que se llamaba Matías y que vivía en el 5A. El fiscal ordenó allanar todas las celdas del módulo 5A del penal de Boulogne Sur Mer donde estuviera alojado algún preso con el nombre Matías. Así fue que lograron identificar a Miguel Matías Agüero -sería el cerebro de la extorsión- y le secuestraron teléfonos celulares y una libreta con anotaciones de relevancia para la causa. "Hasta la voz ronca coincide con la del supuesto fiscal", explicó una fuente ligada a la causa.
Por otro lado, los pesquisas encontraron que una de las cuentas virtuales a las que la víctima le había transferido el dinero pertenecía a Micaela Florencia Vargas. Esta mujer es pareja de Ángel Emanuel Chacón, otro preso alojado en el mismo módulo del penal.
Los tres fueron imputados por extorsión mediante simulación de la autoridad pública y uso de documento falsificado, por lo que arriesgan una pena de 5 a 10 años de cárcel. El fiscal pidió la prisión preventiva para los dos hombres -a Agüero se la dictaron en diciembre- y otorgó la libertad bajo fianza a Micaela Vargas ya que tiene menores a su cargo.
También trascendió que hay otro compañero de celda, Ángel Gabriel Capitani, imputado en otra causa donde intentó cometer el mismo tipo de extorsión pero no logró sacarle dinero a la víctima.
