Tras el doble asesinato de un policía a su sobrino y su ex suegra, el jefe de la Policía de Mendoza, Juan Carlos Caleri, dijo que no existe ninguna disposición legal para sacarle el arma reglamentaria a un uniformado.
A pesar de la prohibición de acercarse a su familia, el policía asesino siguió armado y nada se lo impedía
La exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento son medidas de protección que se toman en casos de violencia intrafamiliar en los cuales se pone en riesgo la integridad de una o más personas que componen ese grupo de convivientes. Está claro que debe mediar una denuncia al respecto. Sin embargo, y según lo confirmó el jefe de la Policía local, Juan Carlos Caleri, no existe ninguna disposición –ley, resolución interna, ni determinación alguna– para sacarle el arma reglamentaria a un policía sobre el cual pese una denuncia de violencia de género. De hecho, el auxiliar de policía José Ontiveros (34), que tenía orden expresa de no acercarse ni a su ex mujer ni a sus hijos, hasta el domingo por la tarde portaba su arma reglamentaria, con la cual ese mismo día asesinó a un sobrino de 8 años, Benjamín Monje, y a su ex suegra, Gabriela Fernández, de 44 años.
Las estadísticas acerca de la cantidad de policías que no pueden portar su arma reglamentaria luego de los estudios psicofísicos llama la atención. Según informó oportunamente Sanidad Policial a UNO, en 2012 se había retirado el arma reglamentaria a 300 policías por distintas causas relacionadas con su conducta.
La versión oficialEl mismo jefe de la Policía lo dijo sin eufemismos a este medio: “La prohibición de acercamiento no necesariamente implica que a un policía se le saque el arma reglamentaria. Cada caso se evalúa en forma particular”.
No existe ninguna disposición del ministerio por la cual los efectivos de las fuerzas de seguridad sobre quienes recae una medida de prohibición de acercamiento, exclusión del hogar o que haya sido denunciado por violencia familiar tengan que permanecer desarmados.
Según confirmaron desde Seguridad, la decisión de que un policía no pueda portar su arma reglamentaria la toma la Justicia y Sanidad Policial actúa en consecuencia. Aunque también es patrimonio del ministerio quitarles el arma a los efectivos que presenten problemas de conducta, o bien que se autoexcluyan de portarla. Esto último sucede, según Caleri, en menor medida.
Sobre los estudios psicofísicos que determinan qué oficial puede portar un revólver y cuál no Caleri explicó que éstos se realizan cada vez que un policía se postula para ascender. La Junta Médica evalúa sus antecedentes y decide si puede ascender.
En el caso de Ontiveros, se presentó para un ascenso en el 2013. Si bien pasó el psicofísico, no logró cumplir su objetivo y hasta el domingo continuaba desempeñándose como auxiliar de policía.
Lo cierto es que la realidad supera cualquier intento de explicación: Ontiveros llevaba su revólver oficial con el que mató a quemarropas a su ex suegra y a su sobrino. Esto a pesar de que el Sexto Juzgado de Familia había dictado una cautelar de prohibición de acercamiento a Ontiveros para impedir que llegara hasta la vivienda del barrio Solares, en El Bermejo, lugar en el que habitaba su ex mujer, y de que la Oficina Fiscal Nº1 hubiera pedido la determinación del domicilio del policía, por amenazas.
