A 15 años de la "mafia policial": $250.000 para un uniformado sobreseído en la megacausa

El entonces titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, Rafael Escot, -hoy presidente de la Quinta Cámara del Crimen- estaba liderando un expediente que tuvo 48 personas imputadas, en su mayoría pertenecientes a las fuerzas de seguridad pública.

El investigador judicial los señaló como partícipes de casi una veintena de asaltos ocurridos en la década anterior. La mecánica era simple: los policías aportaban los datos sobre dónde estaban los grandes botines de dinero tanto de empresas como de personas, proveían las armas y los delincuentes cometían los robos.

A mediados de octubre la causa empezó a tambalear y sólo dieciséis de los policías fueron procesados por el delito de asociación ilícita –prevé penas de entre 5 a 10 años de cárcel-. Seis llegaron acusados a un debate oral y público que se realizó cuatro años más tarde y sólo tres recibieron condena.

El juicio se desarrolló en la Séptima Cámara del Crimen y destapó la falta de evidencias para vincular a los imputados y reveló algunos métodos irregulares del juez Escot para obtener información por parte de policías y testigos. El principal acusado fue Felipe Gil Fernández, quien ingresó a Tribunales sindicado como el líder de la banda y tres meses después salió libre de culpa y cargo.

En el marco de esta investigación, el 3 de julio del 2000 se encontraron en el oeste del Gran Mendoza los restos de José Zambrano y Pablo Rodríguez, dos informantes de la Policía provincial que habían aportado datos sobre el grupo de efectivos que participaban de asaltos junto a delincuentes. El juicio por este doble crimen también tuvo como resultado la impunidad.

Resarcimiento

Apenas la Séptima Cámara del Crimen dictó su sentencia se comenzó a hablar de la ola de juicios civiles por daños y perjuicios que recaerían en el Estado provincial. Este martes se resolvió el que lideró el ex oficial inspector Edgardo Salvador Argüello, quien recibirá una indemnización de 250 mil pesos más intereses y costas.

El uniformado tenía 19 años de servicio en la fuerza policial cuando fue detenido en el 2000. Estuvo privado de su libertad hasta agosto de 2001 -poco más de un año-, cuando revocaron el procesamiento y la prisión preventiva que pesaba en su contra.

En la denuncia civil aseguró que Escot se basó en “rumores, versiones imprecisas provenientes de delincuentes, que habían sido apresados” por el demandante y que el magistrado desarrolló la megacausa porque había un puesto vacante en la Quinta Cámara del Crimen y quería ocuparlo. También señaló “la anormal publicidad periodística” que le dio el juez al caso.

“El actor, que hasta entonces, era una persona respetada pasó a ser un peligroso delincuente” consideró la sentencia civil. Incluso, luego de ser sobreseído, Argüello continuó suspendido en situación de revista pasiva hasta enero de 2003.

La Cámara Civil dio por probado que Argüello tenía “un excelente reputación entre sus pares y dentro del Poder Judicial” y que la investigación de la mafia policial estuvo signada por “la gran cantidad de irregularidades que son puestas de relieve por los testigos”.

“Debemos tener en cuenta las numerosas irregularidades cometidas y la intencionalidad subyacente en la formación y desarrollo de la causa, como también la indebida y sobredimensionada publicidad gestionada por el accionar del juez, lo que condujo a una innecesaria y grave afectación de la libertad y reputación del accionante, hechos por los cuales el estado provincial debe responder”, estimó la jueza Fernanda Salvini en el fallo.

De esta forma, el Estado deberá pagarle un cuarto de millón de pesos a Argüello en caso que la sentencia quede firme y no sea llevada a la Cámara Civil. Para esto, el Gobierno provincial tiene un plazo de diez días.