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Una mujer indígena arhuaco hace artesanías en la comunidad de Nabusimake, en el norte de Colombia. El país fue el más peligroso del mundo para los defensores del medioambiente en 2023, y casi el 40% de los asesinatos tuvieron como objetivo a activistas indígenas y afrodescendientes (Foto: Andrea Puentes / Presidencia de Colombia, PDM)
En agosto, Colombia se convirtió en el último país en ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado medioambiental regional de Latinoamérica, que pretende proteger a los defensores, permitir el acceso a la información medioambiental y garantizar la participación en la toma de decisiones que afectan al ambiente. Con Colombia, ya son 17 los países de la región que han ratificado el tratado.
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"El Estado colombiano ha incumplido su deber constitucional de proteger a los defensores. Estas cifras deberían avergonzarnos", afirma Astrid Torres, directora de la ONG colombiana Somos Defensores. "El aumento de los asesinatos está directamente relacionado con el modelo económico extractivista del país. Tenemos cientos de conflictos sociales y medioambientales en todo el territorio".
En México y Honduras se observan tendencias similares, con 18 defensores asesinados en cada país el año pasado. En México, más del 70% de las personas asesinadas eran indígenas. En Brasil, el número de asesinatos descendió de 34 en 2022 a 25 en 2023. Más de la mitad eran indígenas. El informe destaca los avances en la protección medioambiental que se han producido bajo la presidencia de Lula da Silva, que asumió el cargo en enero del año pasado.
"En toda la región, los gobiernos crean narrativas estigmatizadoras contra los defensores, culpando a las comunidades y a las familias y no investigando a las empresas que operan en las regiones donde los defensores son asesinados o amenazados", afirma Alejandra Gonza, fundadora y directora de Global Rights Advocacy, una ONG que trabaja con defensores en Latinoamérica.
Aunque es difícil establecer una relación directa entre el asesinato de un defensor y los intereses de una empresa concreta, el informe señala a la minería como la industria que más muertes provoca. Veinticinco defensores asesinados el año pasado se habían opuesto públicamente a operaciones mineras y el 92% procedía de América Latina, una región con una elevada concentración de minerales fundamentales para la transición energética.
*Nota de Fermín Koop para Dialogue Earth
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