Los últimos días de un pueblo de Perú desplazado por una gigantesca mina
Tras una década de resistencia, las últimas familias de Morococha, en Perú, fueron desalojadas por las autoridades para dar paso a una de las mayores inversiones chinas
Los últimos días de un pueblo de Perú desplazado por una gigantesca mina de cobre (Foto: Sally Jabiel)
El 19 de septiembre, esa resistencia se rompió. Más de 250 agentes de policía irrumpieron en las últimas casas que quedaban. Una por una, fueron demolidas en un día. "Nos cortaron la señal y se lo llevaron todo", dice Atachahua entre lágrimas.
Esa mañana, las últimas cinco familias de Morococha fueron expulsadas. Habían permanecido allí desde 2012, año en que la Aluminum Corporation of China (Chinalco) terminó de construir la Nueva Morococha, un asentamiento construido desde cero y diseñado para reubicar a unas 5000 personas.
Los desalojos de Morococha han allanado el camino para la explotación minera en Toromocho, uno de los proyectos de cobre más grandes del Perú. Cada día, la mina de Chinalco produce 170 000 toneladas de un mineral que es fundamental para la transición energética mundial.
Atachahua se encuentra frente a los escombros de las casas y carreteras demolidas que se amontonan junto a su casa, donde resistió durante más de una década los intentos de trasladarlo a otro lugar. Durante ese tiempo, él y las pocas familias que se quedaron tuvieron que depender de paneles solares para iluminar sus hogares y recibían agua de forma intermitente (Imagen: Sally Jabiel)
Y así, este pueblo andino ha desaparecido. Morococha fue fundada por migrantes que se habían establecido originalmente en este rincón del departamento de Junín para extraer minerales, y que finalmente fueron desplazados por una de las mayores inversiones respaldadas por el Estado chino en Perú.
Los últimos días de Morococha
Antes del reciente desalojo, la vida en Morococha transcurría entre un laberinto de vallas blancas y calles en ruinas. Desde su pequeña casa, que temblaba con cada detonación de la mina a cielo abierto, Yolit Alejo Bonifacio se resistía. Esta mujer de 49 años habló con Dialogue Earth unos días antes del desalojo: "Antes, al menos nos avisaban. Es como si nos estuvieran echando poco a poco".
Su madre y sus hermanos fueron de los primeros en trasladarse a Nueva Morococha, ya que la vida económica en el casco antiguo se redujo y las oportunidades que se ofrecían se concentraban en el nuevo asentamiento. "Si no aceptabas, no había trabajo. El miedo les obligó a marcharse", dice Alejo. Ella decidió quedarse. De las 65 familias que rechazaron el reasentamiento, solo cinco resistieron hasta el final.
Lo hicieron durante 13 años, en condiciones extremas. Las familias utilizaban paneles solares para iluminar sus hogares y recibían agua de forma intermitente. Dialogue Earth visitó la zona a principios de septiembre, cuando Chinalco bloqueaba y controlaba el acceso de vehículos ajenos a Morococha. Solo pudimos entrar en el pueblo gracias a que Alejo nos hizo ingresar en su mototaxi.
La presión era constante. En 2020, dos mujeres fueron detenidas por protestar contra los bloqueos de vías. Chinalco denunció entonces a las familias ante las autoridades por "merodear" en su propio pueblo, lo que el poder judicial rechazó, reconociendo sus derechos constitucionales a la dignidad y la integridad.
Antes de la operación de desalojo, Atachahua repitió a Dialogue Earth lo que lleva denunciando desde hace una década: "No hay reasentamiento voluntario. Es un desplazamiento forzoso e inhumano".
Yolit Alejo Bonifacio con su mototaxi de tres ruedas. Cuando Dialogue Earth visitó Morococha a principios de septiembre, Chinalco bloqueaba y controlaba el acceso de vehículos ajenos al pueblo, y solo se podía entrar en el vehículo de Alejo (Imagen: Sally Jabiel)
En agosto llegó la esperada orden de desalojo. El día anterior, la policía les había negado la entrada a Morococha. Las familias suplicaron que les dejaran entrar en sus casas. "Hicimos una vigilia, cocinamos juntos, sabíamos que nos iban a llevar", dice Alejo. "No dormimos esa noche".
Al amanecer, el contingente policial entró en el pueblo "sin respeto por nada", relata. "No nos dieron ni cinco minutos para recoger nuestras cosas. Nos empujaron, nos tiraron. Nunca lo superaremos. Lo sentimos en nuestra propia carne". Las últimas cinco familias se marcharon sin nada más que la ropa que llevaban puesta, buscando refugio en diferentes pueblos del departamento de Junín.
Alejo y Atachahua caminan por Morococha, ahora un laberinto desierto de vallas y calles dañadas. Las últimas cinco familias que quedaban fueron desalojadas sin juicio ni proceso, afirma Edwin Alejandro, de la Red Muqui (Imagen: Sally Jabiel)
Dialogue Earth habló con Edwin Alejandro, coordinador socioambiental de la Red Muqui. Esta red peruana de organizaciones de la sociedad civil defiende a las personas que afirman haber visto vulnerados sus derechos por la minería. Él acompañó a las familias de Morococha en la defensa de sus derechos y afirma que esta operación fue irregular: "Fueron desalojados sin juicio ni proceso, y hasta el día de hoy no saben dónde están sus pertenencias". Incluso las casas fueron demolidas, a pesar de una orden judicial que ordenaba su conservación. "Lo único que las familias nos han pedido es que no las abandonemos", dice Alejandro.
Una de las muchas casas de Morococha que resultaron dañadas, lo que, según Alejandro, ocurrió a pesar de la orden judicial existente para preservarlas (Imagen: Sally Jabiel)