La sequía de 2023 produjo una de las imágenes más impactantes de la crisis hídrica de Uruguay: el embalse de Paso Severino, en el centro-sur del país, prácticamente vacío. La falta de lluvias provocó que la cuenca del río Santa Lucía, única fuente de agua dulce para la región metropolitana de Montevideo, se secara. El gobierno se vio obligado a abastecer a 1.7 millones de personas con una mezcla de agua dulce y salada durante 70 días.
El intrincado camino de Uruguay para garantizar el abastecimiento de agua potable
Luego de años de sequía, Uruguay se esfuerza por llenar sus grifos, pero las propuestas podrían hacer que los agricultores paguen las consecuencias
Uruguay ha luchado contra la sequía desde 2018, con más del 60% del país afectado entre 2022 y 2023. Los sucesivos gobiernos han tomado diferentes estrategias sobre qué hacer. El anterior presidente del país, Luis Lacalle Pou, propuso el Proyecto Neptuno, una planta de toma de agua que se construiría en el estuario del Río de la Plata.
El actual presidente, Yamandú Orsi, ha descartado el Proyecto Neptuno desde que asumió el cargo en marzo del año pasado. En su lugar, su administración ha reactivado antiguos planes para construir una represa en Casupá, en el departamento central de Florida. El plan tiene el potencial de resolver los problemas hídricos de Uruguay, pero los agricultores afirman que se les ha dejado de lado en cuanto a los detalles de la necesaria expropiación de 46 unidades productivas, principalmente ganaderas. Mientras tanto, otros dicen que el avance de la represa ha sido demasiado lento.
La represa de Casupá
Casupá se encuentra en el este de Florida, cerca de las fronteras del departamento con Lavalleja al este y Canelones al sur, y a unos 90 kilómetros al norte de la región metropolitana de Montevideo. La ciudad está situada entre serranías y humedales, y su nombre significa "al borde de la selva grande" en guaraní, una lengua indígena de América del Sur.
El proyecto de la represa se remonta a la década de 1960 y resurgió en 2019, cuando la crisis del agua puso de manifiesto la necesidad de garantizar el suministro. En 2017 se llevó a cabo un estudio de impacto ambiental. En octubre de 2025, el gobierno recibió un préstamo de 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar tanto la actualización de este estudio como la eventual construcción de la represa. Mientras tanto, se han presentado ofertas para el proyecto. Está previsto que la construcción comience a principios de 2027 y finalice a mediados de 2029.
Mientras tanto, Uruguay está viviendo otro verano de suministro de agua incierto. Los actuales meses de verano se han caracterizado por unas precipitaciones inferiores o cercanas a lo normal en gran parte del país y unas temperaturas más altas de lo habitual. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) de Uruguay, esto se debe al fenómeno de La Niña. El 30 de diciembre, Obras Sanitarias del Estado (OSE) de Uruguay activó medidas en previsión de la sequía, entre ellas la preparación de infraestructuras de emergencia y el anuncio de directrices para la conservación del agua.
Impactos ambientales
Según un informe encargado por la OSE, se talarán unas 426 hectáreas de bosque autóctono y 787 hectáreas de pastizales naturales. En los diversos documentos que componen la evaluación de impacto ambiental de la represa, se considera que los hábitats de un total de 26 especies incluidas en las listas de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se verán afectados por esta tala. Entre ellas se encuentran aves como la viudita blanca grande (Heteroxolmis dominicana), reptiles como la lagartija manchada (Stenocercus azureus) y mamíferos como la marmosa (Cryptonanus cf. chacoensis).
El proyecto presentado por OSE incluye un programa de rescate de fauna silvestre, que trasladaría las especies de baja movilidad a áreas de conservación cercanas. Se instalaría una zona de amortiguación de aproximadamente 800 hectáreas alrededor del embalse, con la intención de compensar la pérdida de bosques y pastizales nativos, mediante la restauración de ecosistemas y corredores biológicos.
El estado actual de la cuenca de Santa Lucía también es motivo de preocupación. La evaluación de impacto ambiental de la represa reconoce los niveles excesivos de fósforo de la cuenca, causados por la contaminación forestal y agrícola que se filtra en estas aguas. La evaluación prevé que el embalse de la represa también podría contener altos niveles de fósforo, lo que facilitaría la proliferación de algas y comprometería la idoneidad del agua para el consumo humano. Al igual que con la represa existente de Paso Severino, esta agua tendría que ser tratada antes de ser distribuida.





