El nuevo desplazamiento de la directora técnica del , Graciela Bevacqua, de la elaboración de los índices de precios al consumidor (IPC) no sólo tiene una lectura política, sino también una implicancia directa en el ciudadano común. Durante 9 años, la falsificación de datos le ha impedido tener acceso a información clave para organizar su economía hogareña, desde los cálculos de cuánto gastará por mes en las compras del súper hasta cuánto aumentará el colegio de su hijo. Ni hablar si tiene que pagar un alquiler o la cuota de un auto, que se actualiza de acuerdo a los valores del mercado. ¿Pero, cuáles son?
Si uno se basa en las declaraciones del Gobierno nacional, la no será superior al 25% anual. Pero lo cierto es que ya han aparecido mediciones privadas que indican que el fue del 3,6% en enero. Cifras similares manejan en la Ciudad de Buenos Aires o en San Luis, donde cuentan con una publicación oficial.
El índice elaborado por el Congreso también se difundió esta semana, después de dos meses de ausencia, justamente desde que asumió como presidente Mauricio Macri.
Al no contar con estadísticas confiables, nadie tiene un parámetro preciso para regirse en la vida cotidiana y menos aún, para proyectarse en el mediano plazo, como por ejemplo, cuando se quiere saber cuánto necesitará ahorrar para planear un viaje de vacaciones en familia.
También los trabajadores se quedaron sin una argumentación económica -los datos reales de la inflación- para plantear sus reclamos en las paritarias y cada sindicato realiza sus cuentas, muchas veces en base a sondeos propios. Quizás, por ello, se entienda que algunos pidan 30% de aumento, mientras que otros reclaman más del 40%.
Y la peor consecuencia del mal funcionamiento del INDEC es que cualquier gobierno, no importa el color político, carece de una herramienta vital para planificar políticas públicas destinadas a revertir los índices de pobreza e indigencia que tanto debate han generado entre el oficialismo y la oposición. Justamente estos dejaron de publicarse en el 2013.
La salida de Bevacqua fue ordenada por el titular del organismo, Jorge Todesca, quien argumentó razones estrictamente políticas a la hora de tomar su decisión. Es que, según él, la técnica rosarina no se encolumnó detrás de las directivas del Gobierno y quiso imponer su propia metodología de trabajo. El funcionario se refería a que Bevacqua informó que necesitaba 8 meses -cuando la exigencia es de 2 meses- para publicar las nuevas estadísticas en base a normas internacionales de calidad. Algo inadmisible en un contexto de escalada de precios que parece no tener freno, por lo menos, hasta el momento.
Lo curioso es que la ahora ex funcionaria llegó al organismo de medición con aires de renovación y transparencia, y se va igual que en enero de 2007, cuando la desplazó la intervención dispuesta por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Por la puerta de atrás. Al igual que otros que fueron despedidos o empujados a jubilarse. Todo lo contrario ocurrió con quienes respaldaron la gestión morenista, quienes terminaron ocupando un mejor cargo.
Ojalá el INDEC deje de ser un botín de guerra y recupere la credibilidad que necesita para generar confianza en los argentinos y en el exterior.