El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó este martes al presidente Mauricio por modificar una ley por decreto para que los familiares de funcionarios públicos puedan ingresar al blanqueo de capitales. La imputación también recayó sobre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, tras una denuncia penal de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, y otros legisladores.
El fiscal entregó su dictamen al juez federal Ariel Lijo, en el que consideró que debe ser impulsada una investigación con base en la denuncia de Libres del Sur, y pidió medidas de prueba relacionadas con la ley y el posterior decreto, explicaron fuentes judiciales citadas por la agencia estatal Télam.
El juez deberá ahora resolver, según el dictamen de Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia."Tenemos una enorme tranquilidad respecto a la acción que hemos planteado y así lo debatiremos con toda la tranquilidad del mundo, como siempre hemos planteado en cualquier discusión con la Justicia", aseveró Peña este martes en un encuentro con la prensa en Buenos Aires que se celebraba en el mismo momento en el que trascendió la decisión de Marijuán.En concreto, el denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal fue propuesto en mayo pasado por el Gobierno y aprobado por el Congreso en junio con el fin de recuperar al menos unos 20.000 millones de dólares no declarados.Con esos fondos ingresados al sistema financiero, el Ejecutivo quiere pagar una reforma del sistema de jubilaciones.La polémica surgió por el artículo 83 de ese proyecto, que excluía del plan a los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de una gran variedad de funcionarios del Estado, y que fue aprobado en conjunto con el resto de la iniciativa tras un intenso debate parlamentario.Sin embargo, el 30 de noviembre, un decreto del Ejecutivo avivó la controversia, al agregar que esas personas "podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos mencionados (los funcionarios) hubieran asumido los respectivos cargos".Esa orden gubernamental encendió los ánimos de la oposición, al tiempo que el Ejecutivo defendió que el decreto está dentro de la legalidad, ya que autoriza a adherir bienes incorporados al patrimonio de los familiares pero solo los previamente registrados en el momento en que el funcionario de su familia ocupara el cargo."Esta es la medida más vergonzosa desde que asumió su Gobierno", había dicho el 1 de diciembre el diputado Felipe Solá, del peronista Frente Renovador.Asimismo, la denuncia formulada por Donda menciona que el decreto "contradice explícitamente" la ley, que prohibía "el ingreso de familiares al mismo"."Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Solá, quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior Gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido", señaló Donda en su denuncia, según Télam.Según había afirmado el diputado del Frente Renovador, un decreto "es para reglamentar una ley, nunca para extenderla y mucho menos para violarla"."Además de presidente, Macri es hijo de un multimillonario", criticó Solá, y afirmó que, en su opinión, el mandatario "decidió que su padre, entre otros, pudiera blanquear dividendos por decreto. Violando una ley, para que su familia se beneficie económicamente".En este contexto, el Gobierno de Macri volvió hoy a rechazar esas acusaciones. "Nosotros tenemos nuestra plena convicción de que lo que se hizo como decreto de ampliación, de interpretación en realidad, porque no modifica el espíritu de la ley, del tema de los familiares en el blanqueo, no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal", subrayó Peña en sus declaraciones de hoy ante la prensa.