El diputado Julio De Vido recibió otro procesamiento con prisión preventiva, esta vez en una causa en la que investiga presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.
La decisión fue del juez federal Claudio Bonadio, quien pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del exministro de Planificación y dispuso además la "inmediata detención" de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio y hombre de confianza de De Vido.
En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por 1.000 millones de pesos cada uno y también procesó al exsecretario de Energia Daniel Cameron y el exministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino como asesor.
Los exfuncionarios están acusados de haber participado en una "maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive, por el Ministerio de Planificación Federal", a través de la cual "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente 6.995 millones de dólares, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó el fallo.