Diario Uno > Opinión > Gobierno

Salud, economía y Justicia, en las garras de la política

Las decisiones y acciones en distintas materias dependen de la especulación electoral

Los meses que restan para las elecciones -con fecha todavía incierta-, estarán acompañados por temas como el ritmo de vacunación y de contagios, las disputas por la cuestión de la Justicia, y los problemas de la economía y sus derivados.

La provisión de las vacunas no va al ritmo que se había prometido y contrasta, para fomentar el malestar de los que están a la cola, con los operativos de los países que están a la vanguardia, como nuestro vecino Chile, tantas veces vapuleado por las filminas presidenciales.

Te puede interesar...

La segunda ola, o como se le quiera llamar al crecimiento de la curva de contagios, al parecer será inevitable atento a la situación que ya está viviendo Brasil con la populosa ciudad de San Pablo explotada, o el mismo Chile que ha vuelto a la Fase I en las regiones con mayor densidad poblacional.

Cuentan los especialistas chilenos que la paradoja que están viviendo con esto de tener a la población de adultos mayores cubierta con al menos una dosis y, sin embargo, con una aceleración de casos de Covit positivo, se explica en la alta exposición de las menores franjas etarias.

Tan es así que el promedio de edad en el país trasandino ha bajado 20 años respecto de la etapa donde sufrieron los primeros picos de contagio.

A nosotros, los días de menor temperatura que se aproximan nos encontrarán con una mínima porción de la población de riesgo vacunada y, por lo tanto más expuesta, cuando el ascenso lógico de contagios se haga notar, entre otros factores, debido al mayor encierro que se vive durante el invierno.

A la luz de la provisión de dosis y ritmo de la campaña, lejos está de cumplirse la promesa del ex ministro de Salud, Ginés González García, de tener vacunada para agosto o setiembre a toda la población mayor de 18 años.

El 9 de abril termina la extensión del DISPO con todas las disposiciones y recomendaciones que anunció el Gobierno. La duda es cuánto puede estar dispuesto a restringir después de las aperturas reclamadas por los sectores económicos, por el ámbito educativo, y por la población en general.

La experiencia del año pasado ha demostrado que la prolongación de la cuarentena que tuvimos no ha ofrecido mejores resultados que los países que se abrieron más a las actividades habituales, y que las mejores performances estuvieron relacionadas a la cantidad de testeos, cumplimiento de protocolos, conducta de la población, y respuesta del sistema de salud.

Cuidar a la población en pandemia es el objetivo prioritario del Gobierno, ha dicho una y otra vez Alberto Fernández. El asunto es el grado de tolerancia que hoy por hoy tiene la ciudadanía después del extenso confinamiento soportado durante 2020, y el margen de acción política que le resta a las autoridades después del crédito malgastado el año pasado. Claro está que el país entero no es como manejar Formosa.

Al parecer, la concientización sobre el autocuidado y la protección del prójimo sería la estrategia más adecuada para conservar medianamente los niveles controlables de contagios, el funcionamiento de la economía y el humor social. Todo en un año en que la opinión de la ciudadanía tiene un correlato en el desempeño electoral.

La economía de la política

El factor económico suele ser lo más determinante en las experiencias electorales del país. En las PASO y en las generales de 2019 primaron el descontrol de la inflación y de la pobreza en el gobierno de Macri por encima de otros factores como las denuncias de corrupción que pesaban sobre sus principales rivales.

En la caída de la popularidad de Alberto Fernández tienen una fuerte incidencia los problemas irresueltos derivados del derrumbe de la economía. La explicación de la pandemia y de la estrategia para enfrentarla, que llevó a una caída de la actividad económica equiparable al 2001, es insuficiente para amortiguar la desazón de la sociedad.

La situación actual reclama acciones y resultados, mientras la curva inflacionaria está en ascenso con los precios de los alimentos recalentados, lo que transforma en una quimera la meta del 29 por ciento estipulada en el presupuesto.

El Gobierno es consciente del malestar social y se aferra a algunos atisbos de reactivación en sectores puntuales, siempre en la comparación con el dramático 2020. Y va armando una batería de medidas que ayuden a sostener el poder adquisitivo de la población, al menos hasta las cruciales elecciones.

El proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias va en esa dirección, al promover un alivio a los contribuyentes de la clase media. El vuelco de recursos a la obra pública y a programas como el Progresar apuntan a recuperar la iniciativa en el plano económico.

Para la inflación, alta pero relativamente estable, se busca sostener una política cambiaria que ancle los valores dolarizados, y en la mesa con los formadores de precios se pretende negociar los aumentos de la canasta de alimentos.

Las tarifas planchadas inquietan por el horizonte de desinversión, pero la apuesta es a sostener un ritmo gradual que permita transitar los próximos meses sin sobresaltos. Y los combustibles tendrán aumentos escalonados hasta un tope máximo del 18 por ciento en tres meses, para quedar congelados en la etapa previa a las elecciones.

Todas acciones de corto plazo que postergan las reformas estructurales para después del proceso comicial, cuya fecha será definida por el Gobierno según lo que más le convenga a sus chances electorales. Incluso la realización de las PASO y su modalidad, de igual manera, está supeditada a la especulación del oficialismo.

El eventual arreglo con el FMI también depende del tema eleccionario, y el ministro Martín Guzmán tendrá que seguir haciendo malabares para sostener la variables más o menos equilibradas, acosado por las demandas de la política de la coalición de gobierno.

La economía, la política y la justicia son los ejes donde asienta la gestión gubernamental y la estrategia del Frente de Todos.

La Oficina Anticorrupción ya presentó la denuncia por defraudación contra Mauricio Macri y sus principales funcionarios del área económico-financiera por el uso del préstamo contraído con el FMI.

Al mismo tiempo, bajo la batuta de Cristina se continúa desplegando en todos los frentes acciones relativas a lo judicial, tal como lo explicitó Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa, donde la salida de la ministra Marcela Losardo es un eslabón más en esa dirección.

Un paso que da aliento a la tesis cristinista del lawfare, es lo que acaba de agitar el escenario brasileño, tras la anulación de las sentencias contra Lula, quien ha quedado habilitado para competir políticamente. Se suma la situación en Bolivia, donde fue detenida la ex presidenta Jeanine Áñez, por instigar el golpe contra Evo, otro socio político del ideario kirchnerista.

Son cambiantes algunos vientos en la región, pero lo que más necesita el oficialismo son votos para poder cristalizar la reforma judicial. Los avances serán insuficientes para la Vicepresidenta ante a una eventual derrota electoral. Doblegar a la oposición se hace imperioso bajo la convicción de que los jueces responden a los mandatos de la política.

Y se hace evidente que la gestión económica, con metas que no superan los próximos meses, más que centrarse en criterios técnicos está centrada en los intereses políticos.

Así las cosas, cualquier mejora en la situación que tenga consecuencias positivas en el clima social ayudará a apuntalar el desempeño electoral y la maraña judicial, lo que parece ser prioritario en la política del Gobierno.