No hay gobierno sin orden que pueda tener futuro y plantearse un desarrollo sostenible.
El desarrollo es antes que nada un problema de organización política y social, y es aquí donde la institucionalidad juega su partida inclinando la balanza de la credibilidad, base de esta organización.
La institucionalidad de un Estado es un factor crítico en su capacidad para generar la credibilidad en orden a la estabilidad política y económica. Y esta estabilidad es el eslabón para atraer las inversiones. Si las instituciones de un estado son débiles o corruptas, esto puede disminuir la confianza y limitar las posibilidades de inversión y de desarrollo económico.
Las instituciones políticas tienen una centralidad absoluta porque determinan el grado de desarrollo de un país, una provincia, un municipio. Los países más desarrollados son aquellos que poseen instituciones más serias, y a la inversa. Es una relación dialéctica. Por eso los estados conscientes de esto y con ambiciones de desarrollo trabajan para fortalecer sus instituciones y mejorar su credibilidad.
Esto puede incluir medidas como la transparencia en la gestión gubernamental, la lucha contra la corrupción y la mejora de sus sistemas de elección.
La institucionalidad no es una frase hecha o un lugar común, es una forma de entender la política, la gestión y el respeto por los ciudadanos, y en este sentido, Cambia Mendoza es el único frente que puede dar garantías y ejemplos concretos de que la ha priorizado y enaltecido, a través de acciones no rimbombantes ni altisonantes, sino de un trabajo sólido y cotidiano. Y solo esto puede traer la credibilidad que necesitamos.
En materia legislativa es destacable:
- Ley de Información Pública.
- Ley de Ética Pública.
- Ley de Juicios por Jurados.
- Creación del Polo Judicial.
- Oficinas de conciliación civil y laboral.
- Oralidad e Innovación en códigos procesales.
- Ley de Paridad de Género.
- Ley de Ficha Limpia.
- Reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia.
- Concursos para el ingreso al Estado.
- Creación del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS)
- Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
- Extinción de Dominio.
- Profesionalización de las fuerzas de seguridad.
- Proyecto de Reforma Institucional que incluye la Reforma Constitucional, cuyos principales ejes son: disminución de los costos de la política, equilibrio fiscal como obligación del Estado y derecho del ciudadano, autonomía municipal, equidad de género, representación territorial de los legisladores, no reelección del gobernador, elecciones cada 4 años, derechos de 5º generación.
Que todos estos antecedentes sean por ley habla bien de que se pusieron a debate de las fuerzas políticas, no acudiendo a las facultades reglamentarias del Ejecutivo. Jamás se tomó una medida de esta naturaleza a través de un decreto.
Además, es importante generar las condiciones para un clima empresarial y privado favorable. Y si bien las provincias no cuentan con las herramientas macroeconómicas, de tipo de cambio y emisión, pueden trabajar sobre la carga impositiva. En este sentido Mendoza viene suscribiendo una política agresiva de rebaja de alícuotas de ingresos brutos, siendo destacable la disminución del 55% de la presión sobre agricultura, 41% en la industria manufacturera y 39% en transporte y almacenamiento.
Por otro lado, los mecanismos mendocinos de conciliación laboral colaboran en la solución alternativa de conflictos laborales disminuyendo costos y tiempos en la controversia, para empleador y empleado.
Muchas jurisdicciones abandonan los estímulos al sector privado, descansando cómodamente en los subsidios nacionales que les permiten sostener el empleo solo a través del trabajo estatal. Entre los extremos están Formosa, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz.
No es el caso de Mendoza, que ha venido reduciendo en un plan de orden y austeridad la planta estatal, fortaleciendo un estado más chico y eficiente. Mendoza está entre las 9 provincias con menor empleo público del país, empleo que en la mayoría de los casos se sustenta con impuestos cuyo principal aportante es el sector privado, empresas, y sus empleados y familias.
No sólo nos define la institucionalidad procurada con políticas públicas y leyes, sino también lo que no somos.
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Lejos estamos de encontrarnos en un cuarto oscuro con mas de 171 boletas sabanas con ofertas electorales que seguramente no serán asequible, ni la mitad, para el votante aturdido que entre allí.
Tampoco estamos cerca de que gane un/a representante que haya sido el/la menos votada, pero que se haya beneficiado de los votos dirigidos a otro “sublema” dentro del lema general que suscribe. Simplemente es defraudar la voluntad electiva. La ley de lemas que ya se practicaba en Santa Cruz, Formosa y Misiones, fue “reinstalada” -como si trajera algún beneficio institucional, todo lo contrario- en San Luis y San Juan.
La credibilidad de un Estado, como condición necesaria para la certidumbre, seguridad jurídica, confianza e involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos, tiene una relación determinante en el desenvolvimiento de la economía, la educación, la cultura, la prestación del servicio de justicia, la salud pública, la seguridad. Todo lo cual repercute de forma directa en la calidad de vida de las personas.
Porque necesitamos credibilidad, necesitamos dirigentes “creíbles”, que no abusen del poder ni del saltimbanqui partidario.
Y porque la credibilidad debe existir en los tres niveles de gobierno necesitamos dirigentes provinciales con capacidad de influir en los gobiernos nacionales, dueños de las herramientas macroeconómicas fundamentales para la suerte de la economía de un país.
La institucionalidad no puede ser un slogan de campaña. En un tema de una absoluta seriedad, que habla de la sociedad que queremos ser y de nuestra identidad provincial.
Poner en tela de juicio esto es, lisa y llanamente, poner en tela de juicio nuestro presente y posibilidad de futuro. Seguramente lo hacen porque saben, profundamente, que es el Frente Cambia Mendoza, junto a todos los mendocinos que acompañaron y acompañan estas medidas, el único espacio político que tuvo y tiene la decisión política, la voluntad, la capacidad y la valentía necesarias para llevar estas transformaciones a la práctica.
Nota: Mercedes Rus es senadora provincial de la Unión Cívica Radical.