Un cambio de la relación, si el clima de diálogo entre oficialismo y oposición perdurara, propiciaría el avance en reformas y planes pendientes para la Provincia. No solo le vendría bien al Gobierno para sus iniciativas, sino también a un peronismo que podría mostrarse proactivo y comprometido con los asuntos de interés provincial.
Análisis y opinión
Aprovechar la unidad por Portezuelo para que el acuerdo no se convierta en un "acting" tribunero
Ver al gobernador reunido con los principales dirigentes de la oposición tras un proyecto trascendente es un buen augurio. Fuera de Portezuelo, las empresas reclaman manos a la obra
La reunión del gobernador Rodolfo Suarez con la cúpula peronista.
Es que en lo que va del mandato de Alberto Fernández, y ante las rispideces entre el gobierno local y la Casa Rosada, la conducción partidaria ha quedado pegada a la defensa de la gestión nacional.
Por eso el aval otorgado al gobernador por el peronismo es un buen paso para ambos, por más que no esté asegurado que la "obra del siglo" vaya a concretarse algún día.
Lo de Portezuelo ya se ha convertido en sarasa sin fin sobre supuestas razones legales de todos -y de ninguno- que se esgrimen a conveniencia.
La Pampa históricamente se ha opuesto al proyecto de aprovechamiento múltiple sobre el río Grande, el más caudaloso de Mendoza, aunque menguado por el cambio climático. Ya no importan los motivos, sino que su posición es intransigente, tanto hoy como siempre. Por eso resulta absurdo que algunas voces pidan más diálogo con los pampeanos, que cuentan con el apoyo de las provincias que integran la cuenca del Colorado por el viraje de sus posiciones.
El proceso ahora está estancado a la espera del laudo presidencial. Después de la reunión del viernes entre el gobernador y los representantes del peronismo provincial, Anabel Fernández Sagasti lo dijo clarito: la solución del asunto es política, no jurídica.
En declaraciones a los periodistas que aguardaban las definiciones del encuentro, la senadora cristinista se pronunció por la adjudicación de la obra para arrancar con la ejecución. Sin embargo, esa tesitura vuelve a contrastar con la posición oficial. Suarez no quiere adjudicar la obra sin la venia presidencial, por cuanto sería propiciar su parálisis ante una eventual acción judicial que sea promovida por alguno de los tantos objetores. Lo que busca el Gobierno es un laudo favorable de parte de Alberto Fernández para garantizar el blindaje jurídico del proceso.
A su turno, el ministro Víctor Ibañez, quien acompañó a Suarez en el cónclave con el peronismo, declaró que todos habían cerrado filas tras la estrategia oficial que consiste en lograr el pronunciamiento favorable de Fernández. La condición fue presentar formalmente el pedido de laudo presidencial, aunque resulte redundante para el gobierno mendocino.
En caso de adjudicarse prematuramente la obra a la única UTE oferente, el peronismo lograría correr del centro del conflicto al Ejecutivo nacional y, en tal caso, todo quedaría en un diferendo tribunalicio. Pero ese es un escenario hacia el que gobierno de Suarez no está dispuesto a avanzar.
Entre dimes y diretes, y pronósticos inciertos respecto de la decisión que podría adoptar el gobierno nacional, continúan circulando distintas ideas que esbozan un posible Plan B. Son múltiples las necesidades y requerimientos de obras hídricas en toda la provincia sobre cauces que nacen y terminan en territorio mendocino que no deberían ocasionar ningún diferendo con La Pampa. Pero también insumiría demasiado tiempo avanzar con otras alternativas a Portezuelo, mientras urge volcar los fondos inmovilizados para promover la actividad y generar trabajo.
Por eso, la reunión de Suarez con intendentes y legisladores nacionales peronistas concluyó en la coincidencia de que todos apoyan la pronta realización de Portezuelo. Ahora hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos para ver si el plano declarativo se condice con los pasos a dar sin fisuras o si se empiezan a bifurcar los caminos a la hora de los hechos.
Si había surgido alguna duda sobre el real convencimiento de Suarez de ir por la megaobra, fue cuando empezó a ventilarse la posibidad de darle otro uso a los fondos que están llegando por el convenio celebrado con la Nación. Pero la duda quedó aventada cuando Suarez convocó a sus partidarios para asegurarles que Portezuelo era la prioridad. Como contrapartida, las sospechas sobre el verdadero apoyo del peronismo han ido creciendo de la mano de declaraciones críticas hacia lo actuado por el gobierno provincial, lo que resultaría funcional a la movida de los pampeanos.
A todo esto, y mientras el tiempo transcurre, no hay novedades sobre el pedido de audiencia que Suarez le hizo al Presidente hace unas tres semanas. Paralelamente, trascendió que Fernández recibió al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, para tratar otros temas que tenían en carpeta, aunque no se descarta que hayan tocado el asunto más urticante.
Pero al margen de lo que motivó la convocatoria del Gobierno a la principal fuerza de oposición, bien le vendría a Mendoza una agenda de interés común que contemple gestiones consensuadas ante la Nación. La capacidad discrecional que tiene el poder central respecto de la distribución de recursos y beneficios requieren una estrategia unificada para sostener los intereses de Mendoza.
La creación de nuevos impuestos que no se coparticipan aumentan el arbitrio del centralismo por sobre los estados federales. Esa falta de regulación pone a nuestra provincia en una situación desventajosa.
No obstante, no todo el movimiento de la obra pública tiene una dependencia estricta de la distribución de los recursos nacionales. La mayor celeridad en la ejecución de los proyectos que están en carpeta del Ministerio de Infraestructura es uno de los temas que desvela a las cámaras de la construcción, según le expresaron los empresarios al ministro Mario Isgro en una reunión a la que fueron convocadas.
Mientras se resuelve el entuerto de Portezuelo, o se define un gran plan para aplicar los 1.023 millones de dólares en caso de que la megaobra no prospere, la Provincia no puede dilatar la ejecución de los proyectos viables que ya cuentan con financiamiento.