Gregorio Álvarez, el último presidente de facto de la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, murió el miércoles a los 91 años.
La dirección del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde se encontraba internado, informó el deceso a The Associated Press. Antes de ser internado Álvarez cumplía una condena a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en una cárcel de la capital uruguaya.
Hijo de un general, Álvarez realizó una carrera militar fulgurante. A los 39 años ya era coronel de caballería y a los 45 alcanzó el grado de general.
Su llegada al generalato se produjo en 1971 cuando Uruguay se encontraba inmerso en un clima de violencia política: la guerrilla Tupamaros buscaba derribar por las armas a la debilitada democracia uruguaya para instaurar un régimen procubano y grupos paramilitares de derecha mataban a los militantes de izquierda.
Álvarez participó activamente en el combate a los Tupamaros, que fueron derrotados por el ejército en 1972. Sin embargo, su familia pagó un alto precio por el combate: también en 1972 un comando tupamaro asesinó a su hermano.
En 1973 el futuro hombre fuerte fue uno de los cabecillas del movimiento militar que disolvió el Parlamento e instauró una dictadura con el pretexto de terminar con la violencia política.
Su carrera ascendente no se detuvo. Alcanzó al grado máximo de teniente general y en 1978 llegó a la comandancia del ejército. Poco después desbarató un complot de sectores del ejército que se resistían a su figura.
Fue condecorado por los presidentes de facto de Argentina, Rafael Videla, y de Chile, Augusto Pinochet. En 1981 la Junta de Generales, en una decisión dividida, lo eligió presidente de Uruguay. Hasta ese momento la dictadura sólo había tenido presidentes civiles en un intento por mejorar su imagen.
A partir de 1982, Álvarez condujo tensas y prolongadas negociaciones con los sectores políticos para permitir la reinstauración democrática. Durante las negociaciones no dudó en censurar a los medios de prensa y encarcelar a dirigentes políticos. Sus apariciones en cadenas de televisión defendiendo al régimen solían ser respondidas por la ciudadanía con masivas protestas.
A fines de 1984 aceptó que se realizaran elecciones nacionales para elegir democráticamente a un presidente. El principal líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira, su acérrimo enemigo, no pudo ser candidato por encontrarse preso.
Para no ser él quien le entregara la banda presidencial al candidato ganador Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, renunció a la presidencia 15 días antes del traspaso de mando y dejó como presidente provisional al entonces titular de la Suprema Corte de Justicia.
Durante su presidencia cientos de presos políticos fueron torturados, algunos de ellos muertos en cuarteles por los malos tratos recibidos y otros desaparecidos. En 2009 la justicia lo condenó a 25 años de cárcel por su responsabilidad en el traslado de 37 uruguayos detenidos en Argentina en 1978 que luego fueron muertos o desaparecidos en territorio uruguayo.
Fue puesto en prisión en una cárcel de Montevideo donde están alojados los condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto.
