El gobierno de Chile aseguró que “no habrá ley de punto final" en ese país

Aseguró que las prioridades de su gestión son "las políticas que en esta materia se han

seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de

derechos humanos abiertas y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos

desaparecidos y ejecutados políticos".

"También prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen

a ninguna agrupación", advirtió Lama en una entrevista publicada hoy por el diario estatal La

Nación, en la que anunció que el gobierno va a "seguir presentando querellas cuando corresponda en

los casos donde aún no están interpuestas".

La funcionaria sostuvo que "las líneas de acción de este Programa están establecidas por ley

y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada".

"Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este Programa",

aclaró y subrayó: "Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este

Programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos".

Lama rechazó la posibilidad de fijar un plazo para la conclusión de los procesos por

violaciones de derechos humanos durante la dictadura porque "las causas tienen un curso natural" y

"la historia" ha "demostrado" que "en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos".

"Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de

familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido", dijo, pero

subrayó que "las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se

haga justicia".

Respecto de la política seguida por el Programa bajo los gobiernos de la Concertación, que se

opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y a la prescripción de los delitos de lesa

humanidad, Lama aseguró que "ese criterio se mantiene intacto".

"Así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos

tratados", explicó la abogada y remarcó que "ésa seguirá siendo la política institucional de este

Programa".

Lama afirmó que, igual que lo hicieron los gobiernos de la Concertación, la administración de

Piñera continuará oponiéndose a la llamada "media prescripción" que aplica la Corte Suprema, en

virtud de la cual procesados y condenados por delitos contra los derechos humanos pueden cumplir

las penas en sus casas, bajo un régimen de libertad vigilada.

"También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa

humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción", explicó.

Asimismo, la abogada manifestó que el gobierno mantendrá el criterio de sostener ante la

Justicia la imprescriptibilidad del secuestro en el caso de los desaparecidos porque "es un delito

de carácter permanente y así seguirá siendo para este Programa".

La funcionaria reveló que mantuvo reuniones con representantes de las agrupaciones de

familiares de víctimas y aseguró que "en más de 90 por ciento" esos contactos "han sido

retroalimentativos".

"Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas; han sido

bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición, pero sé que las

confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo", señaló.

No obstante, indicó que "se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados

Políticos" para trabajar "en conjunto con ellos".

Lama aseguró que el equipo de abogados del Programa "se mantiene exactamente igual" y "no

habrá modificaciones", así como no habrá una reducción del presupuesto, para el cual "incluso se

pidió una suma adicional".

La asunción de Piñera el 11 de marzo pasado, tras haber ganado las elecciones al frente de

una alianza de centroderecha integrada por figuras y partidos que estuvieron comprometidos con la

dictadura (1973-90) encabezada por el general Augusto Pinochet, generó en amplios sectores dudas y

desconfianza sobre la política de derechos humanos del nuevo gobierno.