La polémica Ley de Servicio Público, que generó el
conflicto con la Policía
y la intentona golpista en Ecuador, entró hoy en vigencia, sin que la Asamblea Nacional, de
mayoría oficialista, analice el veto parcial del presidente, Rafael Correa, que eliminó
condecoraciones, bonos y canastas navideñas para los empleados del sector público.
La entrada en vigencia en la norma se da cuando el gobierno analiza si levanta o prorroga el
estado de emergencia, y mientras insiste en la necesidad de castigar a los responsables de la
sublevación y "desentrañar las redes de complicidad" involucradas en la maniobra.
La Ley de Servicio Público fue la que desató la insubordinación de la tropa policial y de los
militares el jueves pasado, en que Correa fue retenido durante todo el día en el Hospital Policial,
de donde fue rescatado por militares y sin ceder a los reclamos de los uniformados.
La Ley fue presentada a la Asamblea hace dos meses por el gobierno y el miércoles Correa
modificó algunos de los artículos aprobados en el legislativo, con los que eliminó subsidios de
antigüedad, bonos y condecoraciones.
El gobierno argumentó que la ley ordena los recursos estatales e incluye en el sueldo mensual
de policías y militares las bonificaciones que se les entregaba en el pasado en cada ascenso y cada
10, 15 y 25 años.
El argumento no convenció a los uniformados que la semana pasada se sublevaron en una acción
que concluyó con un violento operativo armado que enfrentó a cuerpos de élite de la Policía y las
Fuerzas Armadas contra los insubordinados, y que dejó 8 muertos y cerca de 200 heridos.
Ahora, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, adelantó que el Ejecutivo evaluará si levanta
o mantiene el estado de excepción.
Por lo pronto, mientras avanzan las investigaciones dentro de la Policía Nacional, a los
uniformados motorizados se les retiraron las armas, se dispuso un sistema de vigilancia interno y
se retiró el mando a varios jefes policiales.
La Fiscalía está trabajando sobre videos y fotografías para determinar identidades de los
cabecillas y de infiltrados, y se analizan los intercambios que registró la central de
comunicaciones de la institución.
Jalkh admitió que "la seguridad (oficial) fue insuficiente" y explicó que tras un primer
intento de Correa de entrar al Regimiento, debía volver a intentarlo, porque "no podía quedar el
precedente de que el mandatario estaba imposibilitado de ingresar a un cuartel, cuando es jefe de
las Fuerzas Armadas y de la Policía".
El ministro, ratificado en su cargo el jueves en la noche, puso de relieve que varios grupos
policiales no se unieron a la revuelta, como el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo de
Intervención y Rescate.
Jalkh ratificó la teoría de que "hubo un intento de matar al presidente y se lo mantuvo
secuestrado", algo que fue puesto en duda por médicos, personal y hasta pacientes del Hospital, que
dijeron que Correa se quedó en el lugar porque se negó a irse y estaba en total libertad.