El gobierno de España advirtió de que la crisis de Cataluña puede dañar el crecimiento económico en 2018, aumentando así la presión sobre el presidente regional Carles Puigdemont, al que la facción más dura del separatismo está metiendo prisa para que la independencia entre en vigor.
"Vamos a tener una tasa de crecimiento inferior, que estamos acabando de estimar durante este fin de semana, inferior a la que habíamos proyectado inicialmente para el 2018, que era del 2,6%", afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en Washington, aunque sin especificar en cuánto podría recortarse.
"Esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica", dijo De Guindos, en referencia a la incertidumbre e inquietud que ha generado Cataluña.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró por igual su preocupación.
"Si se prolonga la incertidumbre, eso podría tener un peso sobre el crecimiento, y obviamente queremos evitarlo", dijo el director del FMI para Europa, Poul Thomsen.
La víspera, la agencia calificadora Standard and Poors había advertido ya del riesgo de recesión en Cataluña.
En un discurso ante el Parlamento regional, el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independencia de Cataluña, para propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid.
Su maniobra ha chocado con la posición del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de mediación, y que el miércoles envió un requerimiento al dirigente catalán para que clarifique si declaró o no la secesión.
Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo.
La presión económica
En los últimos días, y ante la incertidumbre reinante, numerosas empresas de relumbrón sacaron su sede social de Cataluña, como los bancos CaixaBank y Sabadell, Gas Natural, la gestora de autopistas Abertis o la editorial Planeta.Según el Colegio de Registradores de España, 540 empresas han solicitado marcharse de Cataluña desde el 2 de octubre y hasta el pasado 11, último día de datos disponibles.
La última voz de alarma vino del Mobile World Congress, la gran cita mundial de la telefonía móvil que cada año se reúne en Barcelona.
Respondiendo a rumores de la prensa sobre una eventual postergación, los organizadores confirmaron que en 2018 la cita tendrá lugar en las fechas previstas, del 26 de febrero al 1 de marzo.
No obstante, matizaron en un comunicado que "siguen vigilando los acontecimientos en España y Cataluña, y evaluando todo impacto potencial" en Barcelona.
El impacto también se sentía igualmente en el turismo, en una región que acoge a uno de cada cuatro visitantes que van a España, tercer destino turístico mundial.
Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PBI español, está dividida casi a partes iguales sobre la independencia.
Aliados del gobierno catalán piden que se proclame la independencia
El partido de izquierda radical CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, reclamó al presidente Carles Puigdemont que levante la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña ante la amenaza de España de arrebatarle competencias.
"Sólo a través de la proclamación de la república seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas en el referendo de autodeterminación inconstitucional del 1 de octubre", señaló este partido en una carta al presidente regional.
Según los independentistas, en esa votación prohibida por la Justicia 90% de los electores apostaron por el sí a la independencia y aunque solo participó 43% del censo, Puigdemont se comprometió a aplicar el resultado.
Sin embargo, en una confusa sesión parlamentaria el martes, el presidente regional dijo asumir este mandato de crear una república pero pidió la suspensión de los efectos de la independencia en aras de buscar una mediación internacional en su pulso con el gobierno español.
Pero el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, rechaza sistemáticamente cualquier tipo de mediación y envió el miércoles un requerimiento al dirigente catalán para que aclarara si había declarado o no la secesión.
Dispone hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, debe rectificar antes del jueves 19 o el Ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo. "Si pretenden seguir aplicando el artículo 155 de la Constitución y nos quieren seguir amenazando o amordazando, que lo hagan con una República ya proclamada", reclama en su carta la CUP, básicos para mantener el gobierno independentista, formado por una coalición de conservadores y progresistas.
La influyente asociación independentista Asamblea Nacional Catalana, responsable de las multitudinarias manifestaciones nacionalistas, se expresó en el mismo sentido.
"Ante la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo, ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de independencia", señalaron en un comunicado.
Esta región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España está dividida casi a partes iguales sobre la independencia.
