La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició ayer un proceso para destituir a los siete magistrados del máximo tribunal de Justicia, que tiene escasas posibilidades de prosperar ante el poderoso muro institucional chavista.
En un clima político cada vez más tenso, el debate se centró en la acusación de que los jueces perpetraron un "golpe de Estado" contra el Legislativo, prácticamente atado de manos pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato en enero de 2016 y ha anulado todas sus decisiones.
Durante estos 15 meses la Sala Constitucional ha emitido 56 sentencias para anular las leyes aprobadas por la mayoría opositora y limitar las competencias del Legislativo.
Es poco probable que el proceso prospere debido a que el único órgano facultado por la constitución para investigar a los magistrados del Tribunal Supremo es el Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, todos señalados de estar vinculados al oficialismo.
Los alrededores del hemiciclo fueron militarizados, constató la AFP, luego de que el martes una protesta opositora que reunió a cientos personas degeneró en actos de violencia que según la oposición dejaron 11 heridos -uno baleado- y una docena de detenidos.
La bancada opositora acordó comenzar el proceso contra los jueces, a los que acusa de haber perpetrado un "golpe" después de que fueran más lejos la semana pasada al emitir dos sentencias con las cuales asumieron los poderes de la Asamblea y retiraron la inmunidad a los diputados.
En medio de denuncias de quiebre democrático y fuerte rechazo internacional, la Corte -acusada de servir al presidente socialista Nicolás Maduro- anuló los fallos parcialmente el sábado.
"Nuestra lucha es por devolverle a la Asamblea sus competencias, el golpe de Estado no es sólo contra la Asamblea sino contra el pueblo", dijo durante el debate el presidente del Parlamento, Julio Borges, refiriéndose a la aguda crisis socioeconómica.
Escasas posibilidades
El bloque chavista llegó para la segunda parte de la sesión, cuando sus adversarios ya habían aprobado el texto que plantea además "luchar por el restablecimiento del hilo constitucional", la realización de elecciones y la liberación de "presos políticos".
Para mañana está convocada una manifestación en Caracas. Las realizadas desde el lunes han pasado factura a los diputados opositores: Juan Guaidó llegó ayer con un brazo enyesado y Juan Requesens con varios puntos sutura en la frente. Otros parlamentarios, entre ellos Borges, fueron alcanzados el martes por gases que la policía dispersó para evitar que la marcha avanzara hacia la sede del Legislativo, en el centro de Caracas, donde manifestaba el chavismo.
Las posibilidades de remoción de los jueces son escasas, pues dependen del Poder Moral, integrado por la fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor, cercanos al gobierno.
La fiscal general, Luisa Ortega, consideró los dictámenes de la semana pasada como una "ruptura del orden constitucional", abriendo una fisura en el oficialismo que no suele ventilar sus discrepancias.
Pero para que el Poder Moral declare que los magistrados cometieron una "falta grave" y el caso sea resuelto por el Parlamento, se requiere el voto de al menos dos de sus tres integrantes.
Ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, descartó que las decisiones judiciales hayan ocasionado una "ruptura del orden constitucional". Aún así, la Asamblea pidió al Consejo calificar la "falta grave" basado en la declaración de la fiscal.
Desconocen resolución de la OEA
Venezuela informó que desconoce la resolución adoptada esta semana por la OEA, la cual califica a las decisiones del Tribunal Supremo de incompatibles con la práctica democrática, por considerar que fue adoptada a través de un "fraude jurídico y procesal".
En una visita sorpresiva a la sede del organismo en Washington, ayer la canciller Delcy Rodríguez cuestionó que el Consejo Permanente se convocara sin la aprobación de Caracas, que se instaló el lunes pese a la ausencia de su presidente y que adoptara una resolución sin contar con el apoyo de una mayoría simple —mitad más uno de los 34 miembros— de 18 países.
Rodríguez alega que 4 de los 21 países presentes en sala se adoptó la resolución se abstuvieron, por lo que el documento tuvo apoyo de 17.