¿Un perro detrás de su cola o un ardid gatopardista para que nada cambie?

Los maestros que he tenido en mi carrera me enseñaron –y se lo agradezco– que a los temas “importantes” no se los abandona. Las historias o los casos son para los periodistas lo que los pacientes para los médicos. Hasta que no vemos que mejoran, o se encaminan, los seguimos con alma de detective.

Revelo este detalle para que se entienda por qué por segunda semana consecutiva voy a insistir en el funcionamiento del OAL, el organismo técnico que en la provincia fue creado con la intención de proteger a los menores en riesgo. El mismo que fue descabezado a principios de año, luego de la muerte de Luciana Rodríguez, de 3 años, víctima de maltrato infantil intrafamiliar.

En mi última columna sentencié que el OAL tenía respuestas erráticas. Fue después de que otro niño, esta vez de 4 años, Julio, muriera atropellado mientras mendigaba. Lo hice basándome en los dichos de su directora, María de los Ángeles Díaz, que sugirió de manera irresponsable que en vez de llamar al 911, si uno detecta un caso preocupante en el que esté involucrado un chico o una chica, mejor es comunicarse al 420-1074 de 8 a 3 y de 3 a 8, al 102. Es que con el número de la Policía –admitió la funcionaria– la coordinación no es óptima.

Cuando escribí esa opinión todavía no saltaban a la luz dos informes que habían elaborado operadores de la DINAF (la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia), en los que se alertaba sobre la condición de mendigos de un hermano y un primo de Julio. Los expedientes fechados en marzo detallan “la condición de calle de los menores” (pedían monedas en la misma esquina donde meses después murió otro miembro de la familia) y alertan sobre una amenaza de vulneración de derechos, como seguridad mínima, el descanso y el resguardo de la higiene.

¿Sabe por qué llegó personal especializado al trágico cruce del Corredor del Oeste y Paraná, en Godoy Cruz? Porque varios mendocinos llamaron al 102. Sí, exacto, una de las líneas en las que Díaz confía. El problema es que los documentos que redactaron los operadores, si bien se elevaron al OAL, nunca llegaron a las manos correctas.

Y ahora ¿a qué le echamos la culpa? La falta de comunicación vuelve a encajar perfecto en este contexto.

Le cuento más. Si del trabajo conjunto de tres periodistas de este diario (Catherina Gibilaro, Cecilia Osorio y Mariana Gil) no se hubiera llegado a esos informes, la directora del OAL seguiría repitiendo por ahí que ellos no estaban anoticiados de la situación de extremo peligro en la que vivían Julio, sus hermanos y sus primitos. Porque Díaz se enteró de esos documentos cuando las redactoras consiguieron imprimirlos y acercárselos a su escritorio.

Rápido de reflejos, el ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassín, ordenó abrir un sumario para determinar la cadena de responsabilidades, y la bancada radical de la Cámara de Diputados, a su vez, citó a Bassín para que dé explicaciones.

No está mal. Lo que está pésimo es que hace ya más de 6 meses el OAL actúa como los perros, buscándose la cola, dando vueltas en el mismo lugar. Esta sería la versión benévola.

La más grave implicaría que estemos ante una especie de ardid gatopardista: o sea, simular que algo cambió tras la muerte de Luciana Rodríguez –en enero–, simplemente para que nada cambie.