Por Enrique Pfaabpfaab.enrique@diariouno.net.ar
El estado de alerta y la preocupación ya están instalados en el Este, especialmente en esta ciudad y en Rivadavia. Desde la Justicia, y también desde la Policía, reconocen que aumentó en los últimos tiempos la violencia de los delitos que se cometen en la región, y que todavía no se han encontrado las estrategias para evitarlos o reprimirlos. La luz roja se encendió por la importante cantidad de asaltos a mano armada a casas de familia que se han producido en los últimos meses. Pocos de estos hechos han sido esclarecidos.
El viernes, en la Unidad Fiscal de San Martín, se realizó una reunión de urgencia entre autoridades judiciales y policiales. El motivo principal fue la sucesión de robos a mano armada que se han producido en los últimos tiempos en viviendas particulares. La modalidad fue casi calcada en cada uno de los hechos: bandas armadas que irrumpen en las viviendas, reducen a los moradores, los maniatan y a veces los golpean, y con mucha tranquilidad les saquean las pertenencias. La reunión se realizó justo en el momento en que se conocía uno de los hechos más graves: una joven de Rivadavia de 22 años perdió su embarazo de tres meses debido a los golpes que recibió en el asalto de su casa durante esa mañana. La reunión fue consecuencia del envío de una nota a cargo del fiscal de instrucción Martín Scattareggi al jefe de la Distrital Este, comisario general Juan Alaniz. En ella, el magistrado indicó que “desgraciadamente veo con inmensa impotencia suceder e incrementarse, uno tras otro, delitos de altísima gravedad, sin poder darse con sus responsables”. Más adelante Scattareggi indicó: “Comprendo el problema de manera integral y de ninguna forma pretendo excluirme de la parte de atribución que a mí concierne, sin embargo estoy absolutamente persuadido de que la ola de delitos de asalto a mano armada que azota a San Martín y Palmira, podría disminuirse considerablemente si las medidas de prevención ya implementadas obtuvieran el nivel de eficiencia que la comuna de este distrito necesita para sentirse más segura”. Aunque no son estadísticas oficiales, fuentes judiciales pusieron como ejemplo que, durante la feria judicial de invierno, se produjeron un promedio de cuatro asaltos por día a casas de familia en la jurisdicción que incumbe a la Unidad Fiscal de San Martín-La Colonia, y que ese número de hechos se mantiene aún en estos días. Incluso indicaron que, como fecha de referencia, el aumento de estos delitos comenzó después del 7 de febrero último, cuando se produjo el tremendo choque en la ruta 7, entre un micro de larga distancia y un camión brasileño que circulaba en contramano y que terminó con la vida de 16 personas. El diagnóstico no surgió sólo de las fiscalías de la región, sino que también fue confirmado por fuentes de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, es decir, desde la jefatura de los fiscales. Autoridad policial le reclamó “máxima agilidad” a la Justicia El comisario general Juan Ramón Alaniz reconoció que “estamos muy preocupados” y le indicó a este medio que “es cierto, hay un inusitado ejercicio de violencia en los hechos cometidos en este corto tiempo”, aunque dijo que “no hubo un incremento en la cantidad de hechos y estamos en una meseta, con los mismos índices históricos” y que esta problemática “no es sólo de la zona Este, sino de toda la provincia”, y acotó: “Hay hechos que se producen en Alvear o en Malargüe que hasta hace un tiempo casi no existían”. Algunas estimaciones policiales extraoficiales indican que, de cada 25/30 asaltos que se cometen diariamente en la capital provincial y el Gran Mendoza, se produce sólo uno en la zona Este, “pero la vida de un vecino de la región tiene el mismo valor que la que vive en cualquier otra parte de la provincia y merece que haya la misma dedicación para prevenir estos delitos”, reconoció el jefe distrital. Sólo caen los in fraganti Desde la Justicia se indica que son muy pocos los hechos que se resuelven gracias a la investigación y que “sólo hay detenidos, cuando la policía logra apresarlos in fraganti”, e insistieron en que se debe implementar definitivamente la Policía Judicial, según lo que establece la reforma del Código Procesal Penal, punto que aún no se ha aplicado. Si bien el personal de Investigaciones y de Inteligencia Criminal no está bajo la responsabilidad de Alaniz y dependen directamente de las direcciones correspondientes del Ministerio de Seguridad, el jefe distrital defendió el trabajo de estos efectivos. “El 100 por ciento de los homicidios que se cometieron el año pasado fueron esclarecidos y los tres que se produjeron durante 2014 también”, dijo el comisario. “Analizar la productividad del personal que investiga sólo con estadísticas no es justo y arroja datos falsos. Un policía muchas veces trabaja 6 meses seguidos para poder esclarecer un asalto y que se detenga a los autores, y ese trabajo, para las estadísticas, no es visto como efectivo”, agregó. Luego de la reunión del viernes el jefe policial indicó que “vamos a coordinar medidas ofensivas, vamos salir a buscar y a atacar, dentro del marco de la legalidad”, y le pidió a la Justicia “una máxima agilidad” para dictar las órdenes de allanamiento que se requiera el personal que realiza las investigaciones. 22 años tiene la mujer que perdió su embarazo de tres meses como consecuencia de los golpes que recibió durante un atraco, en su casa de Rivadavia. 25 asaltos se produjeron durante las dos semanas que duró el receso judicial, según cifras extraoficiales. La ola delictiva se profundizó después de la tragedia de la ruta 7.
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La casa donde se produjo el atraco que afectó a la embarazada. Foto: Horacio Rodríguez/ Diario UNO
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Martín Scattareggi, fiscal.
