El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado de Mendoza, Ulpiano Suárez, acaba de anunciar que, esta vez, él le hará honor al cargo y cumplirá con el anhelo con el que vienen asumiendo los gobernadores desde hace décadas: conseguir que los empleados públicos ingresen por concurso, que quienes ya están adentro puedan hacer carrera, que esos agentes reciban capacitación y que de una vez por todas la tecnología pueda ser aplicada para agilizar procesos tan simples como otorgar turnos de cualquier índole o centralizar información.
A Ulpiano se lo nota convencido. Sin embargo, para quienes llevamos años siguiendo los menesteres de la Casa de Gobierno, el entusiasmo del funcionario nos despierta la memoria emotiva: la de haber escuchado la misma promesa decenas de veces.
Durante la gestión de Roberto Iglesias (1999-2003) se elevó una ley en la que se planteó la necesidad de rever el estatuto y el escalafón de los estatales. La jugada era osada. Pretendían hasta tocar la estabilidad si no existía idoneidad para desempeñar la función, ítem que implicaba modificar la Constitución.
También prometieron concursos, incentivos y reducir la cantidad de "clases".
Tiempo después se presentó un PowerPoint titulado "Plan provincial, hacia el gobierno digital", que presumía de un cambio de concepto: "De la atención al público a la gestión para el ciudadano".
El trabajo era un interesante instructivo de cómo conseguir eficiencia y transparencia en la prestación de los servicios, ayudado con herramientas informáticas.
Una de las peores crisis de la historia argentina, allá por el 2001, le impidió a Iglesias avanzar con su plan.
Julio Cobos estuvo más abocado a la reforma de la Constitución que a la modernización del fisco. Pero como para no pasar sin pena ni gloria, a días de dejar el sillón de San Martín firmó, en noviembre del 2007, el decreto 3.166, que fijaba la obligatoriedad del ingreso por concurso a la Administración Pública.
Celso Jaque pidió que se elevara esa herramienta a ley, y entonces la Legislatura sancionó una norma que en sus artículos 2 y 3 establecía que el "ingreso del personal a planta permanente efectiva, como también la promoción de clases de carácter efectivo, se producirá mediante el sistema de concursos", agregando que "deberán respetarse los principios de igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia e igualdad de trato por razones de género y discapacidad".
Se añadía que "los concursos serán cerrados o abiertos, de antecedentes y oposición, siempre públicos, con plena difusión anterior y posterior a su realización".
Previamente, debían poner en caja la situación de los contratados temporarios, pasándolos a planta permanente.
Tan ambiciosa era la norma que creaba un organismo de control en el que iban a participar el Ejecutivo, los gremios, trabajadores no afiliados a los sindicatos y las universidades de Cuyo y Tecnológica Nacional.
Llegó a reglamentarse, pero nunca a aplicarse.
Francisco Pérez no se contentó con hacer la conferencia de prensa de manual y designar a un colaborador en el área.
Se tomó la molestia de viajar él mismo a los Estados Unidos para buscar fondos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Banco Mundial para que le financiaran, a través de diferentes programas, la informatización del edificio de calle Peltier.
Paco se mostraba horrorizado porque a la hora de buscar estadísticas y números para optimizar políticas o cruzar datos entre diferentes ministerios no existían ni siquiera archivos de los que agarrarse.
"Necesitamos saber cuánto combustible y repuestos se utilizan, cuántos contratos hay, cuántas mayores dedicaciones", remarcaba allá por febrero del 2012.
Luego, en el 2014, y cuando la crisis presupuestaria comenzaba a asfixiar, el ex gobernador firmó una disposición por la que no se podía incorporar personal a la planta permanente y transitoria, salvo en las áreas de Seguridad, Justicia, Salud y Educación.
Un año después, en el 2015, borró con el codo lo que escribió con la mano y a través del Boletín Oficial eliminó cualquier restricción para la toma de personal.
La última vez que hubo concursos en el Estado (exceptuando el caso de la Dirección General de Escuelas) fue en 1969, durante la intervención federal de José Eugenio Blanco.
José Octavio Bordón quiso encarar un llamado. Sin embargo, una presentación judicial le cerró el paso.
En este marco de más idas que venidas es que Ulpiano se anima a recoger el guante.
La escena se congela. No hay aplausos ni abucheos. Aún.
