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En los consultorios externos del Hospital Central reciben atención pero sólo para enfermedades y consultas.

Trans no tienen acceso a tratamientos y cirugías

Cecilia Osorioosorio.cecilia@diariouno.net.ar

Mendoza repite la situación de otras provincias del país. A pesar de la vigencia de la Ley de Identidad de Género 26.743, las mujeres y hombres trans que para construir su identidad quieren acceder a tratamientos hormonales y cirugías no tienen cobertura de salud pública ni privada.

En los consultorios externos del Hospital Central, ubicados en la terminal de ómnibus, funciona un servicio para enfermedades endocrino metabólicas, donde entre otras consultas se reciben las de mujeres y hombres trans. No es un espacio exclusivo para estos casos y comenzó a brindar esta atención hacia fines de 2013, después del reclamo de las asociaciones civiles que luchan por los derechos del colectivo LGTB. Actualmente se ofrece allí una consejería de Salud Mental (indagan sobre los antecedentes y para descartar alguna patología previa a encaminar a un paciente hacia un tratamiento o cirugía), pero es deficiente para cubrir otras necesidades. En la parte endocrinológica, sólo ofrecen hormonización y el 50% del costo debe asumirlo la persona trans, ya que no hay stock de fármacos. No todos los que cambian de nombre y género en el DNI quieren someterse a la reasignación de sexo (genital), aunque sí, en general, a intervenciones quirúrgicas parciales y tratamientos integrales hormonales básicos para adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. La normativa, en su artículo 11, habla de que estos servicios deberían estar garantizados en el ámbito sanitario, para permitir el derecho de libre desarrollo y el goce de una salud integral, pero como informó el presidente del FAGLTB (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales), Esteban Paulón, el Ministerio de Salud de la Nación aún no reglamentó este aspecto de la ley. En consecuencia, no existen los recursos necesarios para la atención en el sector público, ni estos servicios integran el Programa Médico Obligatorio para que obras sociales y aseguradoras de salud los incorporen a su cartilla. Límites de la ley Testimonios dieron cuenta de que muchas mujeres trans pagan desde $1.500 sólo por inyecciones de silicona líquida para agrandar sus mamas. A veces, la promoción incluye un retoque en el rostro. En la provincia hay una persona que concentra el negocio de los tratamientos clandestinos y se vale de la necesidad de quienes en su mayoría son trabajadoras sexuales y carecen de empleo formal y cobertura. La escasez de recursos materiales en la política nacional de inclusión no permite pensar en una alternativa desde el ámbito público. “La mayoría de las consultas son por complicaciones con siliconas inyectadas, que suelen provocar severas lesiones”, reconoció el endocrinólogo Pablo Ferrada, responsable del consultorio que funciona en la terminal de ómnibus. Trabaja en conjunto con el psicólogo y sexólogo Germán Gregorio, quien además es miembro del Programa Provincial de Salud Reproductiva. Tras aclarar que el consultorio se encuentra en la etapa de “puesta en marcha” y por eso es que aún no se puede garantizar completamente la asistencia, Ferrada habló de lo que falta: “Tenemos limitaciones con el tema farmacológico, porque contamos con un tercio de los medicamentos que se necesitan para un tratamiento de hormonización y para completarlo el paciente deben adquirirlos en forma particular”. Los antiandrogénicos sirven para que un hombre que se autopercibe como mujer y quiere adecuar su cuerpo para ello disminuya su tenor biológico de hormonas masculinas. De ese fármaco hay stock, aunque no de estrógenos para la etapa siguiente, que es la feminización. En el caso de quienes son biológicamente mujeres tampoco hay andrógenos para favorecer su masculinización. “Actualmente tenemos 25 pacientes: lo que uno ve son adultos que a lo largo de su vida han tenido escasa relación con los servicios de salud”, sumó el especialista. Dos años de peregrinar en vano Tiene 50 años y es peluquera. Hace 20 que se somete a distintos tratamientos para adaptar su cuerpo originalmente de hombre a la imagen de mujer con la que se percibe. No se revela su nombre para preservar la identidad de la persona que brindó su testimonio. Después de una cirugía estética en una clínica de Córdoba, la silicona en sus glúteos le ocasionó inconvenientes. Hace dos años que peregrina por el ámbito privado y el público sin encontrar solución: “¿Qué problemas me ocasiona? No me puedo vestir, ni caminar demasiado, incluso una médica dermatóloga de las muchas que me revisaron me indicó un tratamiento con cremas, por la manifestación en la piel que produjo la lesión interna, y me quemó la piel”. Esta mujer trans cuenta con una obra social y a pesar de ello tampoco allí quisieron darle cobertura, porque cuando ya tenía los estudios prequirúrgicos listos consideraron que el suyo era un tratamiento estético. Esto a pesar de que la ley 26.743 es clara cuando habla de que todo lo que tenga que ver con la adecuación del cuerpo y el gozo integral de la salud (esto incluye cualquier consecuencia de un tratamiento) debe garantizarse en el ámbito público como privado. “Fui al Central y de allí me derivaron al Lagomaggiore, porque no tenían recursos para atenderme. Una podría pensar que una trabajadora sexual, como son muchas de mis amigas, que por no tener cobertura y dinero se  somete a métodos caseros, termina con severos problemas de salud. Pero en mi caso, la cirugía me la realicé en una clínica, tuve una reacción normal de la silicona y aún así nadie puede operarme”, aportó. El dato A futuro. Se intentará contemplar en el consultorio que depende del Hospital Central, al menos, el acceso a cirugías parciales. En el país existen dos hospitales –el Gutiérrez de La Plata y el Durán de Capital Federal– que  tienen cirujanos urólogos especializados en reasignación genital.

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