Se frenó la venta de las tierras en La Remonta

Mónica Fredes (35) nació, se crió y aún vive en La Remonta, un paraje de que perdió la calma que lo caracterizaba luego de que se conociera la intención de la Nación de rematar los terrenos para emprendimientos económicos privados. Ayer pudo festejar junto con otras 25 familias afectadas directamente por esta decisión, ya que la Justicia frenó la venta de las codiciadas parcelas de tierra que actualmente habitan y en la que vivieron sus ancestros.Después de que se conociera por la mañana la respuesta del juez federal Marcelo Garnica a los amparos presentados para impedir el avance del remate de las tierras públicas, puesteros y vecinos de la zona se reunieron a la tarde en asamblea para continuar debatiendo medidas. Concluyeron que esta vez ganaron la apuesta, pero queda mucho por hacer para no perder la partida.Y es que tal como explicó Fabiana Villafañe (48), una defensora de los pobladores, la decisión del juez es en este proceso solo un triunfo parcial. "Es una respuesta a la movilización del grupo de familias del Valle de Uco que no quiere dejarse avasallar". De hecho la mujer precisó que ahora la tarea de los abogados Pablo De Rosas y Fernando Armagnague es que la causa siga en ."El juez se declaró incompetente y envió el caso a Buenos Aires. Lo que tenemos que demostrar jurídicamente es que el juzgado de Mendoza está cualificado. Queremos que la causa quede en los tribunales locales y no tengamos que ir a litigar a otra provincia, cosa que resultaría más complejo para la lucha que llevamos adelante", describió Villafañe.Según contaron los miembros de la asamblea autoconvocada por el conflicto, los pobladores no están en contra del desarrollo de la zona. Por el contrario, lo desean y lo esperan desde hace años, en lo que no están de acuerdo es en el tipo de desarrollo que se está intentando impulsar. "Queremos crecer de abajo hacia arriba y en base a nuestros modelos productivos, es decir, que nos incluyan y no que nos dejen afuera", dijeron.En tal sentido, el dictamen de la Justicia tuvo en cuenta la inferioridad y vulnerabilidad de los puesteros ante las propuestas que quieren ejecutarse en la región cordillerana. Los productores locales no podrían acceder a la compra de estas tierras por el valor elevado que tendrían. Se calcula que valdrán de unos U$S30.000 en adelante las parcelas de 50 hectáreas. El conflicto se desató luego del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri el 4 de abril, que ordenó el proceso de traspaso a privados de terrenos que hoy le pertenecen al Ejército Argentino. En este escenario de polémica, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, prefirió desentenderse ayer de la prensa y no tomar ninguna posición; mientras que Jorge Difonso, mandatario de , aprobó el accionar de la Justicia y lamentó que no se tuvieran en cuenta los planes de ordenamiento territorial de cada comuna ni la situación social y económica de los que hoy viven y trabajan en esas tierras. Dijo que ahora el Gobierno tiene que aprovechar para convocar a los vecinos y encontrar una salida que beneficie a todos. También dio a conocer su preocupación por el uso del agua. Entre los planes que se ambicionan para estas parcelas está el de avanzar en la modernización del sistema de riego y realizar una central hidroeléctrica.