Mendoza Miércoles, 5 de diciembre de 2018

Revocaron el nombramiento de cuatro docentes porque tenían cargos políticos

Según la resolución de la Dirección General de Escuelas no podían hacerlo según lo establece el estatuto

Cuatro docentes quedaron en el ojo de la tormenta por incurrir en actos jurídicos que están prohibidos. El gobernador, Alfredo Cornejo, emitió un decreto en donde revocó sus nombramientos ya que al momento de hacerlos ocupaban cargos políticos. Las irregularidades ocurrieron entre 2008 y 2015.

Cada uno de los educadores ocupaba un cargo docente que dejaron en reserva, al asumir funciones políticas. El problema fue que mientras estaban en el puesto político, concursaron por otro cargo o pidieron traslado sin atender a lo previsto en el Estatuto Docente, que lo prohíbe.

"Dichos traslados estaban expresamente prohibidos, tanto por el Estatuto del Docente como por su Decreto Reglamentario 313/85, obligando a la revocación de este acto jurídicamente inexistente, con vicios tan manifiestos y groseros en los casos analizados", cita el documento en el Boletín Oficial.

Alicia Lena ocupaba el cargo político de Subdirectora de Educación Primaria, cuando concursó el traslado de Jerarquía Directiva a la Escuela N° 1-446 "Custodia Zuluoaga", con el 80% de zona del Departamento de Maipú.

Darío Yantén ejercía funciones políticas como Director de Atención y Servicios al afiliado de OSEP, con reserva de empleo en el cargo que ostentaba en la Dirección General de Escuelas. Sin embargo, en contra de lo establecido se le concedió el traslado a la Escuela N° 1-252 "Álvarez Condarco" del Departamento de San Rafael con el 80% de zona.

En ambos casos se decretó la revocatoria de los cargos asumidos por ser un acto jurídicamente inexistente.

Walter Berenguel ocupaba un cargo político como Director de Educación Primaria cuando concursó y ganó el traslado de Director Maestro a la Escuela N° 1-249 "Clemente Manchado", con el 40% de zona.

Adriana Abdo ocupaba un cargo político como Directora de Educación Especial, cuando la Junta le otorgó el traslado a la Escuela N° 2-027 de Maipú, con el 20% de zona.

En estos dos casos se encuentran acogidos a los beneficios de la jubilación, por lo que al extinguirse la relación de empleo se dio por terminada la cuestión.

Por otra parte, la DGE explicó que la Junta Calificadora tiene competencias consultivas y no resolutivas, por lo que se advirtió en la cuestionada decisión un vicio de arbitrariedad, de desviación y de exceso de poder. En consecuencia, se consideró que el Cuerpo Colegiado se apartó de la finalidad prevista por la ley, y adoptó una conducta antijurídica.

"Ya quedó evidenciada la arbitrariedad por el grosero apartamiento del ordenamiento jurídico vigente al adoptar una decisión que no correspondía al carácter consultivo del órgano. Ahora nos referimos a la arbitrariedad como vicio de la voluntad: Se trata en estos casos de un vicio de tipo subjetivo, en atención a que la Juntas Calificadora de Méritos no pueden prescindir de la sujeción a la ley, para que el acto no se funde en su sola voluntad subjetiva, en su capricho o veleidades personales", establece el decreto.

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