Mendoza Domingo, 23 de abril de 2017

Presos que secuestran a otros presos: raptos extorsivos dentro de las propias cárceles mendocinas

Ya es habitual que reos rapten a sus pares, los torturen y les pidan rescate a las familias de éstos. Exigen hasta $10.000 o drogas. El procurador de las personas privadas de la libertad intervino en 10 casos en 12 meses, pero la mayoría no se denuncia

La descarnada violencia que reina en las hacinadas cárceles de Mendoza avanza sin control y sin que nada ni nadie la detenga. La foto de un interno a quien tatuaron completa y "caseramente" desde la frente hasta el cuello, u otro que recibió un hachazo en la cara son sólo muestras. Ya están instalados los secuestros extorsivos intramuros: algunos internos raptan a sus pares y mientras los torturan durante horas sin que nadie los detecte llaman a los familiares de las víctimas para exigirles un rescate en dinero o drogas para mitigar su sufrimiento. Según el procurador de las personas privadas de la libertad, Fabricio Imparado, en el último año intervinieron en al menos 10 secuestros, y hubo muchos más que nunca llegaron a denunciarse. De hecho esta semana se concretó un juicio abreviado por uno de esos secuestros. "Ocurren los fines de semana. Los captores suelen ser del mismo pabellón que su víctima y aprovechan un momento de recreo para secuestrarla y comenzar la tortura. Hace poco intervenimos en el caso de una mujer cuyo hijo estaba preso en Almafuerte. A ella la llamaron mientras le daban una paliza a su hijo y le exigieron el pago de $10.000 para dejar de torturarlo. Ella vivía en Neuquén y viajó para entregarle el dinero a una joven motociclista con la que se encontró en las inmediaciones del hospital Lagomaggiore. Sin embargo, el pago no sirvió, porque volvieron a extorsionarla con lo mismo, ahí nos pidió que solicitáramos el traslado del interno", contó el procurador Fabricio Imparado. No todos estos raptos y torturas llegan a denunciarse en la Justicia porque la víctima sabe que si cuenta lo que le hicieron firma en ese momento su acta de defunción. Además los secuestradores tienen gente afuera, que podrían "complicarles" la vida a sus familiares. Cuando quedan al descubierto este tipo de vejámenes que cada día parecen naturalizarse más, el primer interrogante que surge es cómo suceden sin que ningún penitenciario lo detecte e intervenga, sobre todo porque en cárceles como Almafuerte funcionan sistemas de vigilancia con cámaras. "En el caso del chico tatuado pedimos ser querellantes para averiguar si hubo omisión de los deberes de guardia y custodia de los carceleros. Acá hay algo innegable y es el colapso del sistema penitenciario, que obviamente no justifica estas torturas, pero que sí hace aún más difíciles los controles. Hay casos en los que hay 2 penitenciarios para custodiar un pabellón de 80 o 100 internos", explicó Imparado. Preferencia por los "narcos"Los secuestros intramuros crecieron notablemente en el 2016, tanto que hasta forzaron cambios estructurales en los penales. "El año pasado fueron algo casi cotidiano y se incrementaron contra aquellos internos cuyas familias podían tener algo más de dinero y aquellos que estaban presos por delitos de drogas, con la presunción de que ellos podían pagar los rescates. Fue tal el incremento que se decidió trasladar a todos los acusados de delitos con estupefacientes a un mismo pabellón, buscando bajar los secuestros. Este tipo de situaciones son consecuencia directa del hacinamiento", confió el juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento, quien ya solicitó ver las filmaciones del ataque a un interno que fue golpeado y torturado en Almafuerte y pasó 12 horas atado a su camastro sin que ningún penitenciario notara su falta. Más presos pero no menos delitosSegún un estudio que realizó el mes pasado la asociación Xumec, el Servicio Penitenciario local reconoce una superpoblación del 22%, "tiene una población total de 4.564 detenidos y posee plazas para 3.728 plazas. Así, según los números oficiales, 836 personas carecen de camas", indica el análisis. Históricamente la población penitenciaria no dejó de crecer y sólo bajó levemente en el 2007, cuando se inauguró el penal en Campo Cacheuta.Para que se dé este hacinamiento colaboraron -de acuerdo con ese estudio- la gran cantidad de presos sin condena alojados en las cárceles locales, que hoy son el 44% de los internos; la aplicación de la llamada ley Petri, que limitaba los beneficios carcelarios, y el reciente endurecimiento de las prisiones preventivas. Sin embargo, a la hora de cruzar los datos del Ministerio Público (que coordina las fiscalías del Gran Mendoza) sobre la cantidad de robos, homicidios, abusos sexuales y tenencia de armas registrados durante 8 años y contrastarlos con el nivel de encarcelamiento, resulta que "hubo un aumento del 62% de la población encarcelada frente al 19% de aumento de los delitos, con lo cual se demuestra que a pesar de que la población carcelaria creció más del 60%, eso no hizo que el delito bajara, sino que por el contrario también creció casi el 20%", explicó Lucas Lecour, uno de los abogados de Xumec. El letrado aseguró que este hacinamiento -ya le costó al Estado sanciones internacionales- y "la imposibilidad de que los internos estén separados según los delitos que cometieron hacen proliferar esta tercerización de la violencia (raptos dentro del penal). Ellos que ya cometieron un delito contra otros, ahora los cometen entre sí", analizó. Cárcel federal: se reanudaría en julioLa dilatada obra de la cárcel federal que se construye a metros de Almafuerte en Campo Cacheuta, y que descomprimiría el hacinamiento para alojar allí a unos 600 internos, recién podría retomarse en julio. "En pocos días sale la licitación y la obras de agua y electricidad que faltan comenzarían en julio con $58 millones que mandó la Nación", repitió el ministro de Seguridad, Gianni Venier, mientras que recordó que también se trabaja en un proyecto de reforma de la ley de ejecución penitenciaria para bajar la conflictividad."Si bien tenemos más presos hemos tenido menos muertes que años anteriores. Pretendemos cambiar la ley para que todo interno trabaje. La Constitución establece que deben ser reglamentadas como centros de trabajo y moralización, y eso es lo que buscamos", explicó.

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