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Incluye más infraestructura para la Policía. Sin Presupuesto actual, reconducirá plata del 2013. El gobernador reapareció tras el protagonismo del vice Carlos Ciurca, quien propuso declarar la emergencia en seguridad en la provincia.

Pérez dijo que no presentó la ley de emergencia en seguridad antes porque no había un proyecto escrito

Por Cecilia Osorioosorio.cecilia@diariouno.net.ar

El gobernador Francisco Pérez dijo que no presentó la ley de emergencia en seguridad como parte de las iniciativas de su gestión en la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, el 1 de mayo, porque no había un proyecto escrito.

Tras los anuncios del vice Carlos Ciurca y de que este reconociera que “los esfuerzos hechos no han alcanzado”, Pérez hizo autocrítica: “Hay que trabajar más no sólo en el aspecto policial, sino en el legislativo, de inclusión de los chicos que abandonan la escuela, en la marginalidad, en seguridad vial y apuntalar las obras de infraestructura como mejoras en comisarías. Vamos a aumentar a 600 las cámaras de seguridad, a adquirir 85 móviles y a perfeccionar el 911 para descentralizarlo del Gran Mendoza y que tenga mayor capacidad operativa, como pasó en San Rafael y sucederá en el Este y Tunuyán”. Acerca del dinero para concretar estos anuncios, apeló al mismo mecanismo a usar con el Presupuesto, aún no aprobado en la Legislatura: “Según el artículo 99 de la Constitución provincial se puede reconducir el Presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2013, con el mismo monto de la partida que usamos para 85 móviles licitados, cuando se ejecuten y se paguen, licitaremos otros”. Declaración o ley Ciurca utilizó el domingo su cuenta de Twitter para hablar de declaración de emergencia en seguridad. Al respecto de este rol, Pérez marcó la cancha: “Lo que hizo Ciurca fue convocar a todos los partidos con representación legislativa que hayan presentado proyectos para trabajar en la compilación de una iniciativa que los contenga”. El mandatario aprovechó la previa del acto de asunción de Guillermo Amstutz como titular de AYSAM para tomar las riendas del asunto y dijo que no se trataría de una declaración al estilo de la que se impulsó durante el gobierno de Celso Jaque, que caducó en agosto de 2009 y hasta entonces permitió al Ejecutivo disponer de recursos presupuestarios por afuera de la Ley de Contabilidad: “La contratación directa no está comprendida en esta iniciativa, sobre eso ya hice anuncios el 1 de mayo. Además, la seguridad no es un tema solo de infraestructura, compra de automóviles o cámaras de seguridad, sino que tiene que ver con inclusión social. Por eso lo que se plantea es una compilación de leyes de distintos legisladores para poner orden en este sentido, para que la Mesa de Enlace (integrada por los tres poderes y la Bicameral legislativa), que es una política de Estado, no solo sirva para un intercambio de ideas”. Paco Pérez se mostró con el vice Ciurca, quien evitó hacer declaraciones a la prensa, quizás para dejar que la máxima autoridad mendocina ocupara el lugar de protagonismo en la escena que en los últimos días el vice capitalizó. “Con Ciurca hablamos todos los días, trabajamos juntos, nuestro contacto es permanente”, reconoció el gobernador. Paquete reeditado El ministro Leonardo Comperatore será quien llegue a la sesión de Labor Parlamentaria, donde comenzará a materializarse la recopilación de proyectos de distintos partidos políticos para dotar de herramientas legales al Ejecutivo y al Poder Judicial, una alternativa frente a los delitos resonantes que ponen en debate las políticas de seguridad. “Como se dijo en la Asamblea Legislativa, vamos a tratar el impulso del proyecto para limitar el uso de motos de baja cilindrada y la identificación en cascos y chalecos (del demócrata Carlos Aguinaga). Pero ahora la idea es aprovechar la Mesa de Enlace para generar una ley ómnibus que incluya distintas iniciativas. El ámbito legislativo es el más apropiado para lograr el acuerdo político en este sentido”, explicó Pérez y enumeró, entre los proyectos que dan vueltas en ese ámbito, la ampliación de las facultades de la policía vial; que los juzgados correccionales, a los que llegan los delitos con sanciones menores a 3 años de prisión, incorporen los de flagrancia (más comunes y de rápida resolución judicial) y la modificación de la excarcelación para quienes portan armas ilegales. Muy similar al paquete de leyes exprés al que echó mano el Ejecutivo tras el crimen del médico Sebastián Prado, ocurrido el 6 de setiembre. Moralejo: “Es un término político” “Todavía no hay nada concreto”. Esto es lo que repiten los legisladores de la oposición cuando se les pregunta al respecto de la Emergencia en Seguridad que, esta vez a través de una “ley ómnibus”, impulsa el Gobierno  mendocino. El senador radical Sergio Moralejo, quien se encontraba en el acto donde hizo declaraciones el gobernador Francisco Pérez, interpretó que se trata de “un término político, sin límites establecidos ni un concepto claro, por  ejemplo, en la Constitución provincial. A veces los gobiernos lo usan para hablar de mecanismos de contratación directa para comprar recursos pasando por alto los trámites administrativos, otras como leyes tendientes a  acelerar políticas de emergencia”. “El Ejecutivo asume con estas acciones sus falencias en materia de seguridad, por eso ahora intentan esbozar una política integral”, opinó Moralejo. A 7 meses del crimen del médico Prado La Justicia y la Policía no dan con los responsables del asesinato del traumatólogo Sebastián Prado, ocurrido durante la noche del 6 de setiembre de 2013 en calle López de Gomara, de Ciudad. La investigación está a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Daniel Carniello. Por este caso ya hubo marchas de silencio por las calles céntricas hasta la Legislatura y homenajes públicos en reclamo de justicia. Blanca Sotelo, la madre de Prado, redactó varias cartas para expresar el dolor y la indignación de la familia. Prado tenía 36 años y le dispararon cuando iba a subirse a su camioneta, donde lo esperaban la esposa y los dos hijos.

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