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Oficialismo y oposición no se pusieron de acuerdo respecto del financiamiento que pretende obtener la gestión de Pérez. La Justicia es la que decidirá.

Para Paco, sin endeudamiento peligran los sueldos más altos

Laura Zuliánzulian.laura@diariouno.net.ar

Endeudarse o no. Esa es la cuestión. Para el oficialismo, es necesario para poder gobernar con tranquilidad. Pero en la vereda de enfrente, para los radicales, es un no rotundo. Y en esas idas y vueltas, no se pusieron de acuerdo y es la Corte Suprema de Justicia de Mendoza la que deberá resolver el planteo de inconstitucionalidad que pretende la Unión Cívica Radical (UCR) frente a la modificación de la Ley de Contabilidad que propuso el Ejecutivo para gobernar sin Presupuesto aprobado.

Así, con este panorama y sin el sí para poder adquirir financiamiento, el gobernador Francisco Pérez se refirió a la capacidad de pago del Estado en las Jornadas de Municipalismo en las que participó. “Seguiremos buscando el diálogo político, en primera instancia, y también con la determinación de que lo que hoy está judicializado es algo que tiene que resolver la política en la Legislatura. No obstante, vamos a acatar cualquier decisión de la Justicia y hay que ir avanzando en paralelo porque los días se suceden y las urgencias presupuestarias las seguimos teniendo”, dijo Paco y llegó la pregunta inevitable acerca de si el Estado está en condiciones de afrontar el  pago de los salarios. “El pago de los sueldos en sí mismo no corre riesgo, pero sí puede haber una mora, sobre todo de las escalas salariales principales, de los funcionarios en primer lugar y de los legisladores”, lanzó el mandatario. Agregó  que, con relación al fallo desfavorable del juez Thomas Griesa contra Argentina, entiende que el embargo “no puede ser a los fondos provinciales porque tienen otro objeto. Lo que sí creemos es que van a apuntar quizás a  bienes de propiedad nacional como en su momento fue la Fragata Libertad, no es un tema que esté a nuestro alcance”. Debate sin frutos Legisladores radicales y justicialistas se reunieron ayer para tratar de llegar a un acuerdo con respecto al endeudamiento. Y fue una cita de esas que son casi por compromiso porque ninguna de las partes dijo nada nuevo ni cambió de postura. “¿Cómo vamos a autorizar un endeudamiento sobre el que no sabemos cuánto vamos a terminar pagando?”, se preguntó Néstor Parés, diputado de la UCR. El legislador se refirió a los dichos de Paco acerca de la posible mora en los sueldos más altos del Estado. “Si lo que pretende es presionar, está equivocado. Además, según venían diciendo la financiación no era para gastos corrientes”, dijo. Parés sostuvo que el Gobierno tiene un problema de gestión y que esta es la primera vez que le niegan un endeudamiento y que cuando se aprobó el presupuesto 2013 ya les dijeron que no iban a volver a aprobar deuda.  “Además en esta situación sería muy difícil conseguir financiamiento. El problema que tienen es que no pueden parar el gasto superfluo”, aseguró. Al presidente de la UCR, Sergio Pinto, los dichos de Paco le sonaron “más a amenaza que a realidad y si es así, es realmente grave. Acá lo que falta es gestión, si en Mendoza hubiese algún inconveniente financiero no es un  problema de la oposición”, dijo. En la otra esquina, Jorge Tanús, presidente de la Cámara de Diputados y legislador por el Frente para la Victoria, tildó la postura de los radicales de “mezquina y electoralista”. Dijo que en ellos lo que hay es una “voracidad electoral. Tienen un claro desinterés en que el Estado funcione correctamente, quieren obstruir la administración y afectan la gobernabilidad de la provincia. El justicialismo nunca  le puso este tipo de trabas al radicalismo cuando tuvo que gobernar”. Del debate político a la judicialización Marcelo Costa sostuvo, cuando participó en Séptimo Día (programa que se emite los domingos por Canal 7), que la sanción de la modificación de la Ley de Contabilidad que establece  una reconducción del Presupuesto que se aprobó en el 2013 es constitucional y aplicable al 100%, y que ellos continuarán aplicándola hasta que la Corte diga lo contrario. Es justamente ese organismo al que los radicales  apuntaron y presentaron una demanda de inconstitucionalidad por la sanción de esta ley. “Esto es el punto cúlmine del proceso de judicialización de la política que vienen haciendo”, dijo Jorge Tanús (FPV). Para Sergio Pinto, presidente de la UCR, no son ellos los que llevan los asuntos políticos a la Justicia “sino  quien incurre en un hecho que no corresponde”. 

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