La Tupac Amaru de Mendoza cosechó una dura y temporal derrota judicial, luego de que la jueza de Garantías, María Cristina Pietrasanta, determinara la prisión preventiva contra Fanny Villegas, confirmara que continuará en prisión domiciliara y dejara en pie las imputaciones de la fiscalía por los delitos de asociación ilícita, extorsión, estafas y coacción, que había cuestionado la defensa.
Una batalla clave
Se trató de la primera audiencia oral y pública en la que la organización barrial liderada por Nelly Rojas, quien está presa junto con su marido, Ramón Martínez, tendría la oportunidad de que un juez revisara las acusaciones hechas por la fiscalía, revisión que se conoce técnicamente como control jurisdiccional.
No extrañó que tanto la fiscal Gabriela Chaves como los tres abogados de la defensa, liderados por el penalista Alfredo Guevara, pusieran toda la artillería en una audiencia interminable, que se extendió por seis horas y en la que no se definía la situación judicial de Nelly Rojas, sino la de su nuera, Fanny Villegas.
La preocupación de uno y otro lado era legítima. La fiscalía necesitaba una primera victoria y la defensa sabía que una derrota con Fanny Villegas significaría una previsible derrota con Martínez y con Nelly.
El razonamiento es que si Fanny Villegas debe seguir presa y acusada de asociación ilícita -teniendo un rol y responsabilidad menor en esa estructura- que su suegra, a quien la fiscal tacha de jefa de la organización, tras la resolución de ayer quedará presa y acusada por el mismo delito cuando llegue su audiencia. La misma suerte correría su marido, Ramón Martínez, quien tenía su turno este jueves.
En la defensa de la líder local de la Tupac Amaru ya piensan para adelante, es decir, en la Cámara de Apelaciones, donde pedirán que sea revertido lo dicho por la jueza de Garantías.
No solo cuestionará que Nelly Rojas está presa sin justificación y luego de haberse presentado espontáneamente a la Justicia, sino que la fiscal Chaves no tiene competencia legal para investigar qué hizo Nelly Rojas con los fondos que le enviaba la Nación porque eso es jurisdicción de la Justicia Federal.
Sobre estas bases la defensa sostiene que hay una persecución política.
