Los feriantes de Guaymallén llevaron su reclamo al Gobierno de Mendoza

El conflicto que mantienen desde octubre pasado los feriantes de Guaymallén con el Municipio que encabeza Marcelino Iglesias subió de nivel durante la jornada de este jueves y adquirió carácter provincial.

Frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, los puesteros se concentraron con apoyo de agrupaciones sociales y partidos de izquierda para pedir que se legalicen las ferias populares en espacios públicos, y se dé marcha atrás con la imputación de cuatro puesteros y dos clientes, a quienes se llevaron detenidos el sábado pasado cuando se desalojó violentamente la feria en la plaza ubicada frente al Espacio Cultural Julio Le Parc.

Sin embargo, no recibieron ningún tipo de respuesta oficial.

Pese a esto, ayer los feriantes siempre actuaron de manera pacífica, como lo vienen haciendo desde que se inició el diferendo.

"Vinimos hasta acá a reclamar porque en el Municipio de Guaymallén no nos dan soluciones. Quieren orden sin contemplar las necesidades de los que menos tienen. Por eso vinimos, porque queremos que el Poder Ejecutivo escuche nuestros problemas", dijo Stella Fernández, una de las delegadas de la feria.

Sin respuesta oficial
En total fueron unas 150 personas las que se congregaron en el ingreso de la Casa de Gobierno, que estuvo protegida por un numeroso cordón policial.

Durante tres horas, los delegados de la feria intentaron dialogar con funcionarios del Gobierno.

De hecho, en un momento uno de los policías, que hizo de nexo entre los feriantes y el interior del palacio gubernamental, dijo que debían firmar un petitorio y que luego ingresarían cuatro representantes para dialogar con la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández. Pero no los dejaron ingresar.

Una recepcionista les recibió la petición en el ingreso del edificio, entre vallas y efectivos, y ningún funcionarios los atendió.

"Parece que para los pobres y para los morochos no hay lugar dentro de la Casa de Gobierno. No nos dejaron ingresar a la mesa de entradas. Nos sellaron la nota rodeados de policías", dijo Nancy Colque, 30 años, otra delegada de la feria.

Eso provocó que cortaran la calle desde las 13 hasta las 14.

"La cantidad de policías -agregó Colque - fue aumentando mientras hicimos el corte y no queríamos que pasara lo mismo del sábado, cuando nos reprimieron. Levantamos el corte, pero seguimos en asamblea permanente para ver qué hacemos".

La otra campana
Desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes un vocero expresó: "Es un tema municipal. No tenemos nada que ver. La municipalidad decidió sacarlos y nosotros no podemos hacer nada. Los tienen que atender de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guaymallén".

Recuerdos del sábado negro
"Lo que quieren es criminalizar la protesta. No encuentro otra explicación. En la comisaría nos negaron el derecho a una llamada y no nos vio ningún médico. Quieren diezmar a los que defienden los derechos de los más humildes", dijo Carlos Puebla, de 38 años, feriante que el sábado pasado terminó detenido en la Comisaría 25 de San José junto con 12 personas más.

En total fueron 13 los detenidos y 6 los imputados.

"A Stella, que defiende a gente pobre como nosotros, la arrastraron como un trapo de piso. Les tiraron gas pimienta a embarazadas y a niños", dijo María Elena Quispe, feriante de 57 años.

"El grupo que fue a la Casa de Gobierno es muy pequeño y claramente partidizado con el FIT. La nuestra es una posición definitiva. Se los dijimos en todos los idiomas. La decisión es que no se instalen en lugares públicos" Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén

¿Cómo sigue?
Estrategias. Hacia adelante, lo que harán los feriantes será continuar en asamblea permanente para tomar una decisión respecto al futuro de la feria y, al mismo tiempo, seguir denunciando al gobierno de Guaymallén por la represión del sábado.