Por Paola Alé
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La emergencia en seguridad, que en un comienzo pareció ser una propuesta un tanto inabordable o al menos difícil de explicar por parte del Ejecutivo, comenzará a concretarse hoy, al menos en parte. Es que, por un lado, hay un principio de acuerdo desde los tres sectores que presentaron proyectos (PJ, Frente Renovador y UCR) al respecto de declararla por un plazo no menor a un año. Y por otro, en cuanto al paquete de leyes que están en estudio en el ámbito de la Bicameral de Seguridad, ya hay consenso para que se convierta en ley la primera de ellas. Se trata de la transformación de los juzgados correccionales en juzgados de garantías y flagrancia.
La decisión es para darles celeridad a los procesos judiciales y además para aprovechar recursos subutilizados en la Justicia provincial. El proyecto es del Ejecutivo y está en el Senado desde el año pasado.
Aprovechar recursos
Lo que el Ejecutivo pretendía con la presentación de esta iniciativa era refuncionalizar la estructura orgánica de la Justicia penal, para aprovechar los recursos (humanos y materiales) del Poder Judicial y darles mayor celeridad a los procesos en los que los delincuentes son hallados in fraganti. Al respecto, el diputado nacional Luis Petri (UCR) explicó que en la provincia, según estadísticas difundidas por el Poder Judicial, en los juzgados de flagrancia se resuelve el 25% de las condenas efectivas, mientras el 75% son producidas por las restantes cámaras del crimen.
La transformación puede realizarse en la 1ª y en la 3ª circunscripciones judiciales, en las que está implementado el Código Procesal Penal.
Una vez aprobada la ley, en estas circunscripciones los juzgados correccionales –juzgan delitos que prevén un castigo con hasta tres de pena privativa de la libertad, multas e inhabilitaciones, además de delitos culposos y de acción privada– pasarían a tener más facultades. Puntualmente las de juzgar y castigar delitos dolosos, a los que les corresponden penas que van de los 3 a los 15 años de prisión.
Se denominan de flagrancia porque el peso de la prueba es tan grande que la instrucción y la elevación del caso a juicio oral puede hacerse rápidamente.
Los juzgados de flagrancia tienen capacidad para resolver este tipo de delitos en plazos cortos, de hecho, según explicó el legislador, actualmente se condenan en no más de 20 días.
El mismo legislador presentó, a fines del 2012, un proyecto para extender la implementación de los juzgados de flagrancia a toda la provincia, pero ni este ni el de la Policía Judicial tienen actualmente sanción.
Si los cambios en la Justicia obtienen sanción definitiva, los juzgados correccionales de la 1ª y 3ª circunscripciones judiciales se transformarían en de garantía y correccionales. Además se sumaría un juzgado de flagrancia a los dos que existen en la 1ª circunscripción y se crearía uno en la 3ª circunscripción y se ampliarían, en consonancia, las atribuciones de los jueces.
Este proyecto fue presentado por el Ejecutivo luego del asesinato del médico Sebastián Prado, en setiembre del 2013.
Por falta de acuerdo político entre oficialismo y oposición (en particular, entre PJ y UCR) quedó varado en Diputados, pero finalmente obtuvo media sanción y pasó al Senado, donde se le introdujeron modificaciones. Así es que una vez que sea aprobado por la Cámara Alta, volverá a Diputados para que esta cámara apruebe los cambios.