Por Paola Alé
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La escritora argentina Luisa Valenzuela es autora del cuento Aquí pasan cosas raras. Sin conocerla, parece haberse inspirado en la Legislatura mendocina. Aquí pasan cosas tan raras como el anuncio de una declaración de Emergencia en Seguridad Pública hecho el domingo por el vicegobernador Carlos Ciurca durante la emisión del programa televisivo Séptimo Día, situación que fue bajada de tono el lunes por parte del gobernador Francisco Pérez y que concluyó el martes con un anuncio in voce –es decir, “de palabra”– por parte del oficialismo y sin ningún funcionario del Ejecutivo para respaldarlo. Es decir, anunciaron un plan que dos días después no presentaron. Pero lo más extraño es que los que sí trajeron un plan de seguridad, detallado, fueron los legisladores de la oposición, puntualmente los radicales.
Entre otras medidas que propusieron –nada que ya no se haya presentado y probado– se encuentra la de implementar nuevamente el Servicio Cívico Voluntario. La propuesta radical toma otro color después de que se reflotara, a nivel nacional, el tema del Servicio Militar Obligatorio y tras declaraciones del mismo gobernador Pérez mostrándose más a favor de esta idea de su rival político Julio Cobos que de la vuelta de la obligatoriedad de militarizar a los jóvenes (intención que partió del senador bonaerense Mario Ishii, del FPV).
El Servicio Cívico Voluntario es uno de los 9 puntos que componen el plan que acercó el radicalismo a la Comisión de Labor Parlamentaria del Senado provincial. Las otras dos iniciativas de declaración de emergencia fueron del Ejecutivo y del Frente Renovador de la mano del diputado Daniel Cassia. Pero apuntaron a que sea la Bicameral de Seguridad la que decida en qué consistirá la tan mentada emergencia. Por su parte, el Frente de Izquierda señaló que no participará en ninguna reunión con respecto a esta temática.
Casi 5.000 jóvenes
El diputado nacional Julio Cobos (UCR) dejó en claro por qué cree que la implementación del Servicio Cívico Voluntario sería una de las medidas más efectivas para combatir el delito. Según sostiene, “sería importante porque apunta a la prevención, a la capacitación, al trabajo y utiliza toda la infraestructura ociosa del Ejército”.
El SCV comenzó a implementarse en Mendoza en 2005. “Luego vino el gobierno de Celso Jaque, me acuerdo que lo elogió hasta cansarse, lo único bueno que había hecho yo era el Servicio Cívico, pero después lo desmanteló”, aseguró Cobos. Y agregó: “Apuntaba a una prevención social, no solamente de inteligencia criminal sino de inclusión, de capacitación y educación”.
En Mendoza, logró darles terminalidad educativa a casi 5.000 jóvenes, y también les otorgó la posibilidad de que aprendieran un oficio. “Les dábamos una beca y los impulsábamos a que se ahorraran la mitad, así una vez que terminaban, con los ahorros podían comprarse una máquina, algo de capital para empezar a trabajar”, explicó.
Para Cobos, la diferencia con el Servicio Militar Obligatorio es abismal, porque mientras éste apunta a un entrenamiento militar, el SCV prepara para el trabajo y tiene una finalidad de inserción social. Además, antes de terminar el entrenamiento laboral se les exigía a quienes lo integraban que realizaran una pasantía de por lo menos un mes en alguna tarea comunitaria.
“Creemos que velar por la seguridad es sostener este tipo de iniciativas, además de realizar compras para la policía y de sancionar leyes. Hay que hacer prevención”, dijo.
En tanto, los otros puntos contemplados en el plan del radicalismo proponen la incorporación de 700 policías, 200 móviles policiales que se distribuirían en toda la provincia, incorporación de tecnología, ampliación del penal Almafuerte, puesta en funcionamiento del registro de ADN y del registro de delitos, creación de la Policía Interprovincial de Control e incorporación de más cámaras de seguridad.
Cada una de las propuestas se debatirá en la Bicameral
Quien volvió a dar la cara en nombre del Ejecutivo fue el vicegobernador Carlos Ciurca. Sin ministros que respaldaran la iniciativa, se encargó de explicar que hubo un acuerdo entre oficialismo y oposición (con excepción del FIT) para declarar la emergencia en seguridad.
Dijo que se presentaron tres proyectos, que serán debatidos en el ámbito de la Bicameral de Seguridad. Esta primero tiene que conformarse nuevamente después del recambio legislativo. Una vez que esto ocurra, será esta comisión la que tendrá la responsabilidad de evaluar las propuestas y armar un plan, que se compondrá con los puntos en los que haya un consenso amplio.
No se cansó de decir que el gobernador Francisco Pérez tiene la voluntad de terminar con la impunidad. “Pero es el ámbito legislativo el más adecuado para debatir acerca de estos temas”, aseguró. Y por la noche se concretó la reunión que convocó el gobernador con representantes de las distintas fuerzas.
“Llegamos a una reunión en donde no había ningún proyecto de emergencia en seguridad pública. Nos pasamos una hora y media haciendo un análisis de las leyes que en cada cámara están pendientes de tratamiento. Cuando nos dimos cuenta de que no había tal declaración, presentamos el que teníamos”, sostuvo el senador Juan Carlos Jaliff (UCR). Y agregó que “nos extrañó mucho la falta de presencia de ministros. El gobernador no tiene una postura clara con respecto de este tema”, aseveró desconociendo que Pérez llamaría por la noche a los presidentes de los partidos.
El diputado Daniel Cassia (Frente Renovador) aseguró que la declaración de emergencia en esta problemática sí incluye el aspecto presupuestario ya que le desata las manos al Ejecutivo sobre la adquisición de infraestructura y otros implementos para mejorar la seguridad.