Mendoza Lunes, 25 de junio de 2018

La nueva oficina anticorrupción recibió 310 causas en un mes

Está a cargo de Balsells Miró, ex legislador radical, designado por Cornejo. Defiende la Ley de Acceso a la Información Pública.

El entorno de Gabriel Balsells Miró seguramente lo liga al derecho laboral y a su rol como docente universitario, pero este abogado que hasta hace poco fue diputado radical se convirtió ahora en cazador de corruptos, revisor de declaraciones juradas de funcionarios públicos y defensor a capa y espada de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.

Es el auditor de la Oficina de Ética Pública y pese a que fue el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo quien lo postuló al cargo, asegura que actuará "con total independencia política".

-¿Cuál será la competencia de esta Oficina de Ética Pública y qué controlará?

-La misión es regular la conducta de los funcionarios públicos, hacer las investigaciones administrativas y crear un registro de las declaraciones juradas, con las incompatibilidades y las inhabilitaciones que puedan tener un funcionario en una eventual sentencia o una sanción. Los daños patrimoniales al fisco lo sigue investigando la Fiscalía de Estado, el resto de las causas de funcionarios ellos nos las han enviado, de hecho en un mes hemos recibido 310 causas de distinta índole que estamos clasificando ahora.

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-¿Qué funcionarios están obligados a presentar las declaraciones juradas de sus bienes?

-En el artículo 6 de la ley se establece que están obligados a hacerlo desde el gobernador y su vice hasta ministros, directores, diputados, senadores, miembros de la Suprema Corte, de las fiscalías, intendentes, concejales y quienes integren comisiones de evaluación de ofertas o de adjudicación de licitaciones públicas o privadas deberán hacer estas declaraciones, y quienes integren organismos de control como el EPRE y el EPAS y autoridades sindicales estatales entre los más destacados; la lista es más larga. Se amplió a los proveedores y contratistas que superen 60 veces el monto máximo para contratación directa que fija la ley de presupuesto que hoy son $8 millones. Por este enorme trabajo pedimos una prórroga de esta ley porque nos encontró en el medio de la organización de la auditoría y se prorrogó hasta el 10 de agosto en adelante para que los funcionarios presenten sus declaraciones.

-A eso se le suma la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en la cual ustedes son la autoridad de aplicación...

-Eso nos llevó a agregar el área de Subdirección de Acceso a la Información Pública. Ahí solicitamos a cada ministerio y cada ente del Estado un funcionario garante, que será quien garantice que cada vez que un ciudadano pida información a esa área la consiga. Claro que hay salvedades de cuestiones privadas de algún funcionario o cuando se afecte el secreto fiscal o esté judicializado. Si se niega la información de ámbito público, el ciudadano tiene que venir acá a hacer el reclamo y nosotros deberemos intimar al funcionario que no brinde la información o la dé con reticencias.

-Apenas asumió marcó que iba a ser independiente del poder político, ¿qué es lo que podría ser más difícil de sortear en su lugar para mantener esa independencia?

-Tengo independencia política y desde que asumí no he tenido inconvenientes, creo que prima mi independencia de criterio como auditor y el de los profesionales que me acompañan.

-¿La oficina presupuestariamente depende del Senado?

-La autoridad de aplicación se creó en el ámbito de la Unidad Legislativa, dependiente de la Cámara de Senadores. En ese ámbito yo tengo que buscar que cuando se vote el presupuesto de la Cámara de Senadores haya un artículo de la Unidad Legislativa, se cree una unidad organizativa y ahí se determine el presupuesto.

Perfil de Gabriel Balsells Miró

Profesión: abogado laboralista

Estado civil: casado

Hijos: dos

Docente y asesor legal. Balsells Miró es profesor de Derecho 3 en la carrera de Derecho y de Legislación Laboral y Medio Ambiente en la carrera de Medicina de la Universidad del Aconcagua.

Fue asesor letrado de la Comuna de Capital, y director de Asuntos Legales hasta el '99.

También fue edil de esa Municipalidad entre el 2002 y 2005. Luego fue subsecretario de Trabajo y Seguridad Social y vicepresidente del Consejo Federal de Trabajo. Integra el Consejo de la Magistratura.

"Tengo independencia política y desde que asumí no he tenido inconvenientes, creo que prima mi independencia de criterio como auditor" (Gabriel Balsells Miró, titular de la Oficina de Ética Pública).

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